Ivette Saldaña/
El Universal
Ciudad de México— La estrategia de poner el combate a la inseguridad sólo en manos de la Secretaría de Gobernación fue un desacierto, lo que debiera corregirse creando una dependencia dedicada a la seguridad, planteó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Debemos reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos”, por ejemplo, “el diseño institucional que concentró la conducción de la política y la estrategia de seguridad en una sola dependencia fue, sin duda, así lo dicen los hechos, un error”, aseguró el presidente de ese organismo, Gustavo de Hoyos, quien se sumó a los reclamos que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el miércoles pasado, por la falta de resultados en la estrategia contra la inseguridad.
Las acciones a implementar urgen, “dada la gravedad de los hechos, debe haber sentido de urgencia” y desarrollarse planes de emergencia, principalmente en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán.
Acompañado de los consejeros nacionales y dirigentes de las asociaciones que participan en la Coparmex dijo que el país requiere una secretaría de seguridad pública que tenga como única finalidad el combate a la inseguridad.
Para De Hoyos, los tres delitos con mayor frecuencia, señalados y sufridos por los ciudadanos son: el robo y asalto en la calle o transporte público, el hurto de vehículos, y la extorsión, los cuales van al alza y suman grandes cifras negras.
Además de revivir a la Secretaría de Seguridad Pública y revisar el diseño institucional que da facultades a Gobernación para atender el tema de inseguridad, De Hoyos hizo cuatro planteamientos más.
Aprobar la iniciativa del mando mixto policial, a fin de tener un cuerpo policiaco capacitado y profesional, hacer los cambios legales para dar a las Fuerzas Armadas la facultad de intervenir en temas de seguridad pública, expedir una ley general de seguridad pública, y desarrollar planes emergentes para Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán, que son los estados más afectados.
El plan emergente es “impostergable y es una necesidad urgente”, sobre todo por las afectaciones que registran los ciudadanos y empresas.
Para De Hoyos, la inseguridad va en aumento y se requieren vías de solución para que no se agrave, por lo que hay temas que requieren una implementación “a la brevedad posible” para evitar que crezca.
“En varias medidas pedimos a las cámaras de Senadores y Diputados que agilicen el proceso legislativo”, advirtió.
Porque “no obstante la gravedad de las estadísticas (de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015), en la mayoría de las entidades prevalece aún un número mucho mayor que la cifra negro, y subsiste también en muchas entidades el grave fenómeno de los secuestros que pudiera ascender a 102 mil 883 casos”.
Por ello, demandamos del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Unión un rediseño institucional para separar la seguridad pública de la política, bajo una estrategia eficaz de coordinación, concluyó De Hoyos.