Reforma
2016-09-30
Ciudad de México— Para suspender los derechos de militante del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomó en cuenta las acusaciones lanzadas por el panista Miguel Ángel Yunes, quien derrotó al tricolor en las últimas elecciones.
Entre ellas está la omisión de presentar la cuenta pública del 2015, el uso indebido de los recursos obtenidos por el impuesto a la nómina en la entidad y el crecimiento millonario de la deuda.
"Aumento desproporcionado e irracional de la deuda pública y falta de comprobación de recursos, según las cuentas públicas de los años 2011 y 2014", se indicó en la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
En el documento el PRI reconoció que existen indicios de que el gobernador y un grupo de sus funcionarios son investigados por su presunta participación en conductas delictivas.
El órgano interno consideró que en el expediente hay "indicios" de que se siguen investigaciones por distintos delitos e ilícitos relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
También deslizó la idea de que ni Duarte ni sus funcionarios han realizado ningún esfuerzo por aclarar los señalamientos.
"Además, no hay prueba que los denunciados adoptaran una postura pública proporcional a la magnitud de las acusaciones y a su cobertura en medios de comunicación", señala.
Para justificar la suspensión de sus derechos como militantes, el PRI valoró un total de 14 acusaciones en contra del gobernador, 4 colaboradores y 2 notarios públicos.
Aseguró que los priistas son señalados por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o función, como el desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
El listado de acusaciones incluye "la existencia de un clima de violencia contra los periodistas", que ha derivado en homicidios, secuestros, desapariciones y desplazamiento a otras entidades del país.
También se señalan los conflictos sociales desatados por Duarte, como la falta de pago a pensionados y a la Universidad Veracruzana, así como adeudos con dependencias y órganos.
Se le atribuye participación en la creación de "empresas fantasmas" y la celebración de adjudicaciones y contratos con las mismas.
"Así como la omisión de probar que esas empresas cumplieron los fines para los que fueron contratadas", se afirma.
Se mencionan las amenazas, denunciadas en su momento, contra alcaldes y diputados locales para aprobar iniciativas en materia de corrupción o para pronunciarse públicamente a favor del gobierno de Duarte.
La donación de bienes inmuebles del estado para pagar deudas y la creación de foto multas y reemplacamiento para obtener recursos ante la crisis económica son otras de las denuncias.
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