Reforma
2016-09-29
Ciudad de México— Una juez federal suspendió cualquier orden de aprehensión que pudiera existir contra Guillermo Padrés Elías, siempre y cuando no se trate de una acusación por un delito grave o que amerite la prisión preventiva.
En su última demanda de amparo, Padrés expuso que desde el 13 de septiembre se habría librado una orden de aprehensión en su contra, el principal acto que reclama.
Rosa María Cervantes Mejía, juez décimo segundo de Distrito en Amparo de esta ciudad, suspendió provisionalmente un posible mandato privativo de libertad contra el exgobernador de Sonora, según el juicio de garantías 873/2016.
De acuerdo con los acuerdos publicados en lista, la impartidora de justicia impuso a Padrés el pago de una garantía de 72 mil 500 pesos, para que surta efecto la protección contra cualquier orden de aprehensión, localización y presentación.
Desde el mes pasado, el exmandatario presentó diversos amparos contra una posible orden de aprehensión, y señaló que es inminente que sea librada en su contra o que incluso ya lo buscan las autoridades en su domicilio.
La juez estaba ayer a la espera de que diversas autoridades judiciales y ministeriales le rindieran sus informes justificados, para saber si existía o no el mandato de captura y, de haberlo, determinar si concedía o no la suspensión definitiva.
Cervantes Mejía ya estableció que el próximo 20 de octubre celebrará la audiencia constitucional en el juicio de amparo, diligencia que una vez celebrada le permitirá dictar una sentencia en el juicio de garantías.
Padrés es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, derivado de unos supuestos sobornos de un contratista del gobierno de Sonora y que el exgobernador habría ocultado en Europa.
Padrés se convirtió en un objetivo de las autoridades, luego de que se detectara que aparentemente recibió depósitos por 3 millones 312 mil 175 dólares de la empresa Procesos Automatizados de Manufactura, de Mario Humberto Aguirre Ibarra.
La presunción de las autoridades es que ese dinero podría haber sido el pago de un soborno por los contratos que previamente el gobierno de Sonora otorgó a Confecciones Industriales, SA de CV, y No. 1 Sonora Aparel, SA de CV, también propiedad de Aguirre, por uniformes escolares que tuvieron un precio de 260 millones de pesos.
Parte de este dinero habría ingresado al sistema financiero estadounidense y los Países Bajos, donde una serie de depósitos de Padrés y uno de sus hermanos se relacionan con las empresas Dolphinius CV'S y Tenerife CV'S.