Reforma
2016-09-09
Ciudad de México— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo del Código Penal que criminaliza la transmisión del VIH en Veracruz.
En septiembre de 2015, el Congreso veracruzano aprobó una reforma al Código Penal local que sanciona a quienes transmitan dolosamente el VIH, bajo el delito de peligro de contagio.
"La CNDH hizo un estudio jurídico e hizo un planteamiento a la Suprema Corte que es la acción de inconstitucionalidad 139/2015 asentada en noviembre", explicó Ricardo Hernández, director de Salud, Sexualidad y VIH del organismo.
"A juicio de la Comisión esta reforma sería discriminatoria, en particular por discriminación por motivos de salud", indicó.
La condena a la reforma fue apoyada por las organizaciones internacionales HIV Justice Network y The Sero Project, que la consideraron retrógrada y dañina.
Representantes de dichas organizaciones consideraron irónica la aprobación de dicha reforma, ya que el movimiento global contra la criminalización del VIH inició hace ocho años en México.
Sean Strub, de The Sero Project, agregó que no existe evidencia científica que demuestre la efectividad de la criminalización para evitar la transmisión de la epidemia.
"La criminalización del VIH nunca ha sido la respuesta. Para combatir el VIH debes combatir el estigma, no fortalecerlo", reclamó Edwin Bernard, fundador del HIV Justice Network.
Patricia Ponce, presidenta de Grupo Multi, reclamó que los legisladores fueron omisos a las advertencias de la sociedad civil de que la reforma causaría daño.
Agregó que Veracruz es tercer lugar nacional en SIDA, segundo con infectados de VIH, y segundo con más mujeres infectadas de VIH.
"Esta es una Administración ineficaz, débil y corrupta, que se ha negado a etiquetar presupuesto para el combate del VIH. Deberían tener un poquito de vergüenza", condenó.
Los activistas entregaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exponer la condena general a la reforma constitucional y motivar a los Ministros a declararla anticonstitucional.