La Jornada
2015-07-20
Distrito Federal— En los 15 meses que Joaquín “El Chapo” Guzmán estuvo en el penal federal del Altiplano, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desaprovechó la oportunidad para hacer una profunda investigación sobre los recursos económicos, bienes muebles e inmuebles que amasó el narcotraficante durante más de dos décadas de actividades delictivas.
Lo anterior hubiera facilitado aplicar tanto el procedimiento de extinción de dominio como otras figuras legales previstas en las leyes mexicanas, pues con ello se habría podido “cortar los canales de financiamiento” que permitieron a Guzmán Loera fugarse del penal, coincidieron en entrevista con La Jornada los criminólogos y abogados penalistas Martín Millán, Felipe Rosales y José Luis Becerril.
A decir de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) que fueron consultadas sobre la opinión de los abogados, en esos 15 meses la autoridad ministerial consiguió el abandono a favor del Estado mexicano de los bienes asegurados tras la captura de Guzmán Loera en Mazatlán, Sinaloa, el 22 de febrero de ese 2014.
Funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y de otras áreas de la PGR –quienes pidieron no mencionar sus nombres–, señalaron que los supuestos dueños de los bienes que fueron utilizados por “El Chapo” antes de su detención no acudieron ante las autoridades ministeriales y judiciales para reclamar y acreditar su propiedad legal durante los plazos establecidos por las leyes penales, por lo cual causaron abandono y están a punto de pasar a manos del gobierno federal.
Durante julio y diciembre de 2014, y marzo de 2015, la Seido efectuó las notificaciones públicas por medio de edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación y en varios medios de comunicación impresos, pero nadie acudió a reclamarlos y/o a acreditar la legítima propiedad de los bienes.
A decir de Millán, Rosales y Becerril, los aseguramientos relacionados con la captura de “El Chapo” no representan ni 10 por ciento del total de los bienes que posee, pues calcularon su fortuna en más de mmdd.
“Es inconcebible que la PGR, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no hayan realizado una investigación exhaustiva de los movimientos a nombre de familiares y personas de confianza. Eso le hubiera impedido mover dinero, le habría dificultado su fuga”, dijo José Becerril.