Diana Baptista/
Agencia Reforma
Distrito Federal– Organizaciones de la sociedad civil exigieron que se investigue a los superiores jerárquicos del Ejército que habrían ordenado abatir a delincuentes, y que habrían propiciado la masacre en Tlatlaya, Estado de México.
El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) denunció la existencia de la orden de relevo y designación de mando del teniente de Infantería, Ezequiel Rodríguez Martínez, del 11 de junio de 2014.
La orden, emitida en el Campo Militar 22, instruye que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
La orden se encuentra incluida en el expediente de la causa penal 338/2014, radicada ante el Juzgado Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a la cual tuvo acceso parcial el Centro Prodh.
“No queda ninguna duda de que, en el contexto del caso Tlatlaya, el concepto ‘abatir’ fue empleado para significar la privación de la vida humana. En el propio expediente, el primer radiograma en que el teniente a cargo de la base informa sobre los hechos de Tlatlaya, menciona como resultado que fueron ‘abatidos’ 21 civiles”, argumentó Santiago Aguirre, subdirector del organismo.
“La orden propicia graves violaciones a derechos humanos (...) y estimamos que debe investigarse la cadena de mando respecto de esta orden”.
Debido a que la orden refiere que las disposiciones provienen del “Alto Mando”, el Centro Prodh consideró que se debe citar ante el fuero civil a Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional.
También llamó a investigar la responsabilidad del comandante de la Primera Región Militar, Jaime Godínez; del comandante de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez; del comandante del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro; del mando de Personal de Tropa, Ezequiel Rodríguez, así como de tres tenientes, tres capitanes, dos sargentos y un subteniente.
Los activistas solicitaron a la PGR citar a comparecer en el fuero civil a los mandos militares, para que declaren sobre la procedencia de la orden y las instrucciones dadas en ella.
A la exigencia se unieron las organizaciones Amnistía Internacional, Instituto para la Seguridad y la Democracia; Artículo 19; Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. (Agencia Reforma)