Reforma
2015-07-01
Toluca— La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ejercitó acción penal en contra de siete policías ministeriales de esa institución que presuntamente torturaron a las tres mujeres víctimas del caso Tlatlaya.
El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, por lo que fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez.
De los otros tres, la orden de aprehensión está en proceso de ser otorgada por la Autoridad Judicial.
Todo ello derivado de la recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la denuncia respectiva, así como de la investigación iniciada de oficio en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
En las indagatorias realizadas hasta el momento, señaló la PGJEM, se hallaron datos de prueba para establecer que los servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las víctimas con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo.
"La Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos realizó diversas diligencias, en las que las víctimas reconocieron a los servidores públicos señalados como probables responsables de tortura y maltrato.
"Han comparecido hasta el momento más de 40 servidores públicos del Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales", detalló la PGJEM en un comunicado.
Con respecto a la denuncia de la CNDH sobre el probable retardo o entorpecimiento del servicio de procuración de justicia, la dependencia estatal señaló que hasta el momento la investigación no ha arrojado elementos suficientes para establecer la actuación dolosa de servidores públicos.
La Procuraduría argumentó que la hora de llegada del personal al lugar de los hechos obedeció a la necesidad de organizar equipos de trabajos de distintas fiscalías, la distancia y las condiciones de seguridad que prevalecían en la zona.
Se niega víctima a declarar
Una de las tres víctimas de la caso Tlatlaya se ha negado a declarar, aseguró la Procuraduría estatal.
"El Instituto de Atención a Víctimas de Delito ha llevado a cabo de manera pormenorizada y puntual, la atención médica y psicológica en forma continua a las víctimas V-24 y V-25, y a sus familiares que lo han requerido", señala el comunicado.
"Por lo que se refiere a la víctima identificada como V-23, a pesar de diversas reuniones y comunicaciones sostenidas con sus representantes, se ha negado a comparecer ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, no obstante que fue citada en dos ocasiones. Estas diligencias tenían por objetivo reconocer su estatus de víctima y rendir su declaración sobre los hechos referidos".
Respecto a la reparación del daño, la Procuraduría informó que el 15 de junio pasado se publicó en la Gaceta del Estado de México la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos.
Asimismo, la dependencia consideró que la recomendación de la CNDH se encuentra en vías de cumplimiento, al quedar satisfechos varios de los puntos señalados.