Reforma
2015-05-28
Distrito Federal— La Procuraduría General de la República (PGR) debe convocar inmediatamente a expertos forenses independientes y rigurosos que den credibilidad a la indagatoria sobre la muerte de 42 civiles en Michoacán, sugirió Human Rights Watch (HRW).
"Debido a los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas, es crucial que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para determinar si efectivamente el empleo de la fuerza fue proporcional durante el enfrentamiento y si se produjeron ejecuciones extrajudiciales", expresó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de la organización.
"La Procuraduría General de la República debería adoptar medidas inmediatas para asegurar que estos delitos se investiguen sin las demoras y la negligencia que caracterizaron la investigación de los asesinatos ocurridos en Tlatlaya en junio pasado".
Para HRW, que 42 civiles murieran y que las fuerzas de seguridad sufrieran una sola baja en el enfrentamiento del viernes en el Municipio de Tanhuato genera serias dudas sobre si el uso de la fuerza fue proporcional y lícito.
Señaló que la agencia de noticias Associated Press y medios locales informaron que, según familiares de algunos de los fallecidos, uno de los cuerpos tenía un tiro en la parte superior de la cabeza, otro presentaba golpes en el rostro y había perdido un ojo, y un tercero tenía la dentadura hundida hacia adentro.
Recordó que en junio, personal militar abrió fuego contra un grupo de civiles que se encontraban en el interior de una bodega en el Municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, provocando la muerte de 22 de ellos.
"Un soldado resultó herido. Los relatos de testigos y un informe de la CNDH indicaron que al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente", mencionó.
"La PGR recién intervino en la investigación tres meses después. La PGR ha consignado a siete soldados y a un teniente, pero solamente en relación con el asesinato de ocho personas".
Indicó que si bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que la Secretaría de la Defensa Nacional había encubierto el crimen, la investigación aún no ha identificado a todos los militares involucrados en el encubrimiento, según le dijo un abogado que interviene en la causa a Human Rights Watch.