Martha Elba Figueroa
El Diario
Distrito Federal– La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes – vigente desde diciembre pasado – carece de recursos económicos para su implementación, lo cual pone en riesgo la garantía de los derechos de este sector de la población, reconocieron legisladores federales de diversos partidos y representantes de la sociedad civil.
Incluso, esta situación llegó a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde integrantes del Comité de los Derechos del Niño, cuestionaron a autoridades mexicanas sobre la falta de presupuesto para esta nueva ley, la cual surgió de una iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión en septiembre pasado.
En conferencia de prensa para hablar sobre el informe Alternativo sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por el Estado mexicano, presentado en Ginebra, Suiza, el 19 y 20 de mayo, Mónica Ramírez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), recalcó que “nos preocupa que no haya un presupuesto asignado para esto y que entonces no tenga una consecuencia real”.
De acuerdo con los activistas, entre los cuestionamientos realizados por los comisionados de la ONU estuvo el tema de la falta de presupuesto para “cambiar la realidad de la niñez en México” en la nueva Ley General.
Por su parte, la senadora del PAN, Martha Elena García Gómez, quien participa como representante del Senado de la República en la sustentación del 4º y 5º informe de México ante dicho Comité, reconoció ante las autoridades internacionales que los retos todavía son muy grandes, pues la falta de recursos públicos para la implementación de la Ley General “puede poner en riesgo la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país”, según se informó en un comunicado de prensa.
En abril pasado, el Senado de la República hizo un llamado al gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto para que dispusiera de los recursos presupuestarios suficientes para implementar dicha Ley.
En aquel momento, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, Angélica de la Peña, destacó que “una buena ley, una ley consensada, trabajada (…) no puede, de ninguna manera, ser una ley efectiva, una ley eficaz, si no se le garantiza el funcionamiento de sus mecanismos”.
Dichos mecanismos, explicó, son la creación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que va a estar en el ámbito del DIF nacional; el Censo Nacional de los más de 20 mil centros de atención diversos en el país, que nos garanticen no solamente verificar su existencia, sino cómo funcionan; así como tener albergues adecuados a niñas y niños que están en situación de migración
Todos ello, resaltó, requieren de la etiquetación que se debió de haber tomado en consideración en el Presupuesto de Egresos de la Federación que discutió la Cámara de Diputados a final del año pasado, sin embargo, no fue así.
“Llama la atención que, cuando menos, estos mecanismos importantes, que además resolverían un problema gravísimo que tenemos en el país de una situación de vulnerabilidad y de altísimo riesgo de todas estas personas que se encuentran en situaciones de una gran desventaja y que, por supuesto, quedarían plenamente protegidas si se ponen en función debidamente todos estos mecanismos inscritos en la ley.
Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, advirtió que los derechos cuestan y la no atención es una irresponsabilidad de parte de las autoridades; las leyes son de observancia general y obligatoria, no un intento para transformar la realidad.
Los que trabajamos en el diseño de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes sabemos que esta normatividad permitirá atender prácticamente a 40 por ciento de la población, argumentó. Asimismo, el senador subrayó su preocupación, pues luego de la aprobación en comisiones de varios instrumentos normativos, incluidos los de educación, servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han expresado que no están de acuerdo porque estas reformas y nuevas leyes implican un costo financiero.
Finalmente, Fidel Démecis Hidalgo recordó que “hay un viejo refrán político que dice: “que amistad que no se refleja en el presupuesto, esa no es amistad, esa es demagogia”. Y eso es lo que está haciendo el ciudadano presidente, el ciudadano secretario de Educación, la ciudadana secretaria de Salud y todos aquellos que hacen referencia a esta ley como la gran panacea para resolver el problema de la violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Efectivamente, coincidió, en el 2015 no se hace una sola alusión a esta ley, y no sólo se hace una alusión en el Presupuesto del 2015, sino que los temas torales que tienen que ver con la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México están totalmente al margen del ánimo del Ejecutivo.
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