Martha Elba Figueroa
El Diario
Distrito Federal— La normalización de la presencia del crimen organizado y de la violencia a la que se ha expuesto la sociedad mexicana fue factor decisivo para que se suscitara el asesinato del niño Christopher Márquez a manos de adolescentes menores de 15 años.
“El caso debe ser un llamado de atención al Estado mexicano para que se consideren medidas urgentes de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en escenarios de crimen organizado donde la violencia extrema es cotidiana”, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Por ello, la organización consideró que este “lamentable” caso, es el resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz.
“Debemos recordar que hasta hace unos años Chihuahua representaba el estado con mayor índice de violencia. De acuerdo con datos oficiales en 2010 la tasa de mortalidad por homicidio en la población en adolescentes de 15 a 17 años se colocó en las 130 muertes por cada 100 mil habitante casi 10 veces mayor a la media nacional”, destacó la Red
En tanto, dijo, en 2013, 10 estados presentaron una tasa de mortalidad por homicidio en la población de 15 a 17 años mayor que la media nacional, casi todos los estados se encuentran ubicados en la zona norte del país. }Chihuahua, se reconoció, tuvo un descenso en esta tasa de 2012 a 2013, pasó de 55.7 a 33.3 (por cada 100 mil habitantes) ocupando segundo lugar después del Estado de Guerrero. Respecto a las niñas y niños de primera infancia en 2012 la tasa de mortalidad por homicidio fue de 4.1 (por cada cien mil habitantes).
“Es necesario realizar una fuerte inversión (no militar, ni policíaca) en la construcción de entornos seguros y comunidades resilientes. Es decir, desarrollar espacios de participación y escucha donde a través de metodologías apropiadas los niños puedan reelaborar positivamente lo que sucede en su entorno”, se aseguró.
Asimismo, la Redim hizo un llamado a las autoridades a garantizar el acceso a la justicia a la familia del pequeño Cristopher, realizar la reparación del daño y evitar respuestas criminalizantes contra las y los adolescentes.
“Se deben evaluar los protocolos de atención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local quien no logró detectar factores de riesgo y ofrecer adecuado tratamiento preventivo a uno de los adolescentes de 15 años implicado es estos hechos”, se propuso.
Aunado a ello, se consideró importante que las autoridades locales den a conocer información clara sobre los procesos judiciales y de tratamiento que vivirán los adolescentes para evitar la idea que serán impunes de este homicidio.
“Redim invita a evitar el uso político del caso, tener un manejo ético del mismo y proteger la identidad de las víctimas y familiares; si bien es un caso grave no es generalizado y sobre todo es posible actuar de forma urgente para prevenir nuevos casos”, se concluyó.