Érika Hernández
Agencia Reforma
Distrito Federal— Los estados deberán garantizar la plena autonomía a sus órganos garantes de acceso a la información y acelerar la homologación de las leyes en materia de transparencia.
Así lo advirtieron Miguel Barbosa, presidente del Senado, y Ximena Puente, titular del IFAI, órgano que a partir de hoy se denominará Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, en el evento de promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto.
El senador perredista afirmó que desde ahora en la Federación, estados, municipios, sindicatos y partidos políticos se debe decir adiós a la opacidad gubernamental.
“(La nueva ley) debe significar la consolidación de la autonomía de los órganos garantes. La autonomía del IFAI, ¿de quién?, de los poderes o del ejercicio del poder. La autonomía de los órganos garantes de acceso a la información de los estados, ¿de quién?, de los gobernadores”, indicó.
“No más control de los órganos que deben de garantizar el acceso a la información y la protección de datos. Nadie puede pretender administrar el acceso a la información, que es la sociedad la titular por medio del control del órgano garante, ese tiempo, afortunadamente llegó a su fin”.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del DF tendrán un año para armonizar leyes locales.
“Por eso se hizo una ley general, para que no sea voluntad de los Congresos locales formar leyes parciales o leyes incompletas”, sentenció Barbosa al argumentar que la transparencia es como la fidelidad, pues se aplica al 100 por ciento o nada.
En el mismo sentido se pronunció la presidenta del hasta ayer IFAI, Ximena Puente, quien aseguró que el Sistema Nacional de Transparencia sólo funcionará si los estados cumplen.
“Será importante que los órganos garantes de las entidades federativas inicien desde hoy mismo un diálogo abierto y franco con las legislaturas de sus estados, para asegurar que la armonización de las leyes locales con la ley general se cumpla dentro de los plazos previstos”, aseguró.
Además, la Presidencia reconoció en un documento que uno de los principales retos para la aplicación real de la ley está en los estados y reveló algunos datos.
De acuerdo con Fundar y su Índice del Derecho de Acceso a la Información 2014, en el país hay 19 legislaciones malas.
Los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia se presumieron como entidades transparentes.