Reforma
2015-04-27
Distrito Federal— El 59 por ciento de los empleos de las mujeres en América Latina y el Caribe se ubica en el sector informal, sin amparo de la legislación laboral ni protección social, informó ONU Mujeres.
Además 17 de cada 100 mujeres latinoamericanas económicamente activas son trabajadoras domésticas, una ocupación que generalmente es un trabajo informal y que no está adecuadamente protegido por la legislación laboral.
ONU Mujeres presentó el informe "El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las economías para realizar los derechos", el cual fue lanzado en México y simultáneamente en otras seis ciudades del mundo: Alejandría, Bangkok, Londres, Nairobi, Nueva York y Sidney.
El informe exhibe las brechas persistentes en las remuneraciones de hombres y mujeres señalando que a nivel mundial las mujeres cobran en promedio 24 por ciento menos que los hombres, mientras que en la región de América Latina y el Caribe esta cifra es del 19 por ciento.
También se refiere a cómo las economías han fallado en garantizar a las mujeres su empoderamiento y el pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales.
En el informe se reconoce que los países de América Latina y el Caribe, si bien registran progresos, aún son insuficientes para que las mujeres tengan acceso igualitario a los recursos productivos como el empleo de calidad, el crédito, la tecnología, el acceso a la protección social e ingresos suficientes para lograr un nivel de vida adecuado.
Por ejemplo, la participación de las mujeres de América Latina y el Caribe en el mercado de trabajo aumentó de 40 a 54 por ciento entre 1990 y 2013, cifra que la ubicó como la región que experimentó el mayor crecimiento a nivel global, pero aún está muy lejos de la participación de los hombres, que equivale a un 80 por ciento.
Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, subrayó la importancia de que los países tomen en cuenta las necesidades de las mujeres y adopten una agenda encaminada a una redistribución de la economía que permita mayor igualdad de género.
"Las políticas macroeconómicas pueden y deben respaldar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, creando economías dinámicas y estables, generando empleos decentes y movilizando recursos para financiar servicios públicos esenciales. Los gobiernos deben ir más allá de antiguas métricas de crecimiento como el PIB y la baja inflación, y cuantificar el crecimiento en términos de cumplimiento a los derechos humanos", apuntó Carvalho.
Al referirse a los índices de trabajo doméstico, que representa el 17 por ciento del empleo femenino en la región, destacó que en 2011 se adoptó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige a los Estados que garanticen los derechos laborales a los trabajadores domésticos y el cual no ha sido ratificado por México.
Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, expuso que el Gobierno mexicano sí ratificará el Convenio en fechas próximas.
"El IMSS está estudiando todavía cómo sería la inclusión de las trabajadoras domésticas, pero por parte del Gobierno mexicano, decirle que venimos trabajando, es un tema que está en la agenda nacional", apuntó.
Cruz Sánchez admitió que en México persisten condiciones de desigualdad económica entre las mujeres y en algunas entidades está relacionado con las condiciones de violencia.
En el lanzamiento del informe también participaron Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado de Ecuador, Myrna Cunningham, Presidenta del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Nicaragua y Ana Güemez, representante en México de ONU Mujeres.