Claudia Guerrero
Agencia Reforma
Distrito Federal— Los senadores mienten sobre la información que han hecho pública de sus gastos en 2014.
Y es que dieron por publicados los reportes sobre contrataciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios de todo el año pasado... a pesar de que permanecen en la opacidad una parte de ellos.
En el informe de cumplimiento de los Lineamientos de Racionalidad Presupuestaria durante el periodo enero-diciembre de 2014, la Cámara aseguró que la información relacionada con esos gastos fue transparentada a través de su sitio oficial de Internet.
Sin embargo, los legisladores federales no han rendido cuentas sobre los últimos tres meses del año pasado, ya que los informes sobre recursos materiales sólo llegan hasta el mes de septiembre.
Según el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y un acuerdo parlamentario, el Senado debió cumplir con esa disposición.
“Se deberá informar vía Internet, al término de cada trimestre del ejercicio: las obras públicas, los bienes adquiridos o arrendados, y los servicios contratados”, señala el documento en el que presumen el cumplimiento de las disposiciones.
Aunque tienen en sus manos el manejo de más de 11 mil 400 millones de pesos, sólo para 2015, las cámaras de Diputados y Senadores decidieron darse un periodo de gracia para cumplir con las obligaciones contempladas en la nueva Ley General de Transparencia.
Las disposiciones, turnadas al Ejecutivo federal para su publicación, mantienen un candado en el régimen transitorio para que la información sobre el manejo del gasto en el Congreso se haga pública hasta que aprueben un “programa de reorganización administrativa”.
En ese nuevo “programa”, los legisladores determinarán los plazos para abrir la información.
A pesar de la polémica que generó en el Senado el agregado de última hora de ese transitorio, los diputados federales decidieron ratificarlo.
De esa manera, las obligaciones en materia de transparencia en el Congreso dependerán de la aprobación de un programa, que deberá concretarse, a más tardar, el 30 de agosto de este año.
El programa deberá incluir las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios y de las propias cámaras, sobre el uso de recursos que les son asignados, su tratamiento fiscal, ingresos, prestaciones y apoyo en dinero o especie.