La Jornada
2015-04-01Distrito Federal— En una carta dirigida a Joachim Rücker, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de México expresó “su decepción, inconformidad y total desacuerdo con la aseveración contenida en el informe, según la cual la tortura y los malos tratos son generalizados en México”.
El documento es anterior a la respuesta que hoy da el relator especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez.
El relator defendió el resultado de su misión oficial a México, del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos durante su presente periodo ordinario de sesiones.
Destaca el documento del gobierno de México que el relator especial “ha reconocido tanto en su informe como públicamente, que el gobierno de México le otorgó pleno acceso y todas las facilidades disponibles durante su visita, y subraya que el relator tuvo acceso irrestricto a 11 centros de detención de su elección, señalados inclusive con muy poca antelación, se entrevistó libremente con personas detenidas, y tuvo la oportunidad de reunirse con funcionarios al más alto nivel del gobierno federal, así como en varios estados de la República Mexicana.
“México en todo momento respetó la independencia que le es conferida en su capacidad de relator del Consejo de Derechos Humanos y otorgó todas las facilidades necesarias para asegurar que la visita se llevara a cabo en las mejores condiciones posibles”, precisa.
Sin embargo, afirmar que la tortura en México es generalizada carece de fundamento. “En efecto, tal afirmación supondría alcanzar un umbral numérico, algo que en este caso no ha sido debidamente documentado, toda vez que únicamente se ha proporcionado información específica sobre 14 casos (véase la comunicación anexa enviada al relator especial el 9 de mayo de 2014 sobre este aspecto).
“Estamos preocupados por el hecho de que la afirmación citada anteriormente se aparta de una más profunda y constructiva discusión relacionada con las mejoras que pueden lograrse a partir de las acciones que el Gobierno ya ha puesto en marcha para combatir esta práctica, específicamente tomando en consideración que el relator ha reconocido ante el Consejo que la metodología utilizada es rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles.”
Advierte que dichas afirmaciones “contravienen, sin duda alguna, el espíritu del papel que desempeñan los procedimientos especiales, tal y como se desprende del Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Específicamente, el artículo 13 del Código de Conducta establece que, en el contexto de las visitas a países, los procedimientos especiales deben asegurarse de que cualquier declaración sobre la situación de los derechos humanos en el país puedan promover un diálogo constructivo entre los interesados, así como la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos”.