El Universal
2015-03-22
Distrito Federal— La restricción de consulta directa de los expedientes relacionados con la Guerra Sucia por parte del Archivo General de la Nación (AGN) significa un precedente que de replicarse en otros archivos históricos del país representará un retroceso en la libertad de investigación, consideraron historiadores e investigadores.
“Creo que el siglo XX concluyó (cronológica e históricamente) en el año 2000, con la llegada de un régimen distinto al que privó por 71 años. Cerrar las fuentes históricas de ese período (declararlas ‘confidenciales’) es un atentado a la libre investigación histórica: equivale a revivir las costumbres represivas de aquel régimen”, aseguró el historiador Enrique Krauze al ser consultado sobre esta nueva modalidad de consulta que desde hace unas semanas se aplica en la Galería Uno del AGN.
Desde que se conoció este cambio en el acceso a archivos del fondo relacionado con la Guerra Sucia, durante los primeros meses de este año, investigadores, profesores y estudiantes de postgrado que centran sus investigaciones en la historia contemporánea de México han manifestado su rechazo.
La investigadora Ángeles Magdaleno, presidenta de la Defensoría para Usuarios de Archivos Públicos (Duda) señaló que el argumento que los archivos públicos utilizan a menudo para justificar la limitación en la consulta es el artículo 27 de la Ley General de Archivos, en la que se incluyó el concepto de “archivo histórico-confidencial”.
“Si un archivo tiene el apellido histórico tiene que ser completamente abierto sin que haya un censor que oculte fragmentos. Tienes derecho a ver el documento completo. Lo que están haciendo es una aberración jurídica y archivística. Es muy preocupante, si todos los archivos empiezan a aplicar el artículo 27 de la ley nos cierran prácticamente a la consulta la segunda mitad del siglo XX”.
En 2011 Magdaleno advirtió a legisladores, investigadores e historiadores de lo grave de aprobar este artículo 27 que permitiría catalogar varios archivos como “históricos confidenciales”.
En una de las cartas, enviada al entonces senador Javier Corral, advertía que el artículo significaría “un grave retroceso que afectaría irremediablemente el quehacer histórico, periodístico y judicial, al establecer una reserva de hasta 70 años en documentos históricos al que por ignorancia, se les agregó lo de confidenciales. Si un archivo es histórico no puede ser confidencial. De aprobarse la iniciativa (alertó), tendríamos por ejemplo, que el expediente de Manuel Díaz Escobar, jefe del grupo paramilitar Los Halcones, de triste memoria, podría ser consultado hasta el año 2041; o que la indagatoria sobre los hijos de la señora Martha Sahagún podría hacerse pública en el año 2067. ¿Cómo vamos a avanzar si no podemos siquiera saber lo que sucede en el país?”.
La investigadora Lilia Venegas, de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, agrega que la sociedad mexicana y los estudiosos deberían tener acceso a todos los documentos resguardados en el AGN:
“En otras partes del mundo, como en Estados Unidos, la política sobre la consulta de archivos ha ido cambiando; en lugar de restringir, desclasifican los documentos de modo que puedan ser revisados y estudiados; en México está ocurriendo exactamente lo contrario, aquí están clasificando”, dijo.
Para el historiador Fritz Glockner, autor de “Cementerio de papel”, estas restricciones son “una acción aberrante con la que el PRI no sólo está demostrando que sigue siendo el mismo represor en la calle, sino que ahora retoma medidas fascistas con respecto a la historia de México, la memoria, el conocimiento y la información”.
César Valdez, investigador de Estudios Históricos del INAH, puntualizó que otras instituciones que podrían retomar las prácticas son los archivos de la Secretaría de Salud y los históricos del Banco de Comercio Exterior o del Banco de México.
Esta semana se prevé que estudiantes de postgrado en Historia de El Colegio de México, el Instituto José María Luis Mora, El Colegio de Michoacán, la Universidad de Tlaxcala, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la UNAM presenten una carta dirigida a la directora del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega Armijo, y a la Secretaría de Gobernación, en la que rechazan las nuevas mediadas en la consulta de archivos históricos.
Hasta este sábado, el AGN no había hecho públicas las razones jurídicas para el cambio en la prestación del servicio.
El acervo y sus historias
Las cajas de la Galería Uno del AGN contienen miles de documentos con episodios relevantes de la historia cultural del país. Un capítulo de la industria fílmica es el de Miguel Contreras Torres, quien a finales de los 40 encabezó un movimiento de propietarios de cines independientes contra del monopolio del empresario estadounidense William Jenkings. Las protestas de Contreras, director de películas mudas en los primeros años del cine nacional, fueron documentadas por agentes de la DFS y servirían después al director Andrés García Franco para su documental “La historia negra del cine mexicano”.
Otro documento que ha generado investigaciones es el que agentes de la DFS titularon “Diversas críticas que se oyen en la vía pública en contra del actual régimen de gobierno”. En este documento, recabado por la investigadora Louise E. Walker de la Universidad Northwestern de Boston, se reunieron comentarios que los habitantes de la ciudad expresaban en la vía pública —y en tiendas y lavanderías— por su descontento ante el alza en los precios de productos básicos y de la gasolina.
Una historia similar es la de Carlos Mendoza, director de cine, fundador y director del Canal 6 de julio, que en 2008 realizó con otros investigadores el documental “1968: La conexión americana”, que reúne información sobre las actividades secretas de altos mandos del ejército mexicano y sus acciones durante el movimiento estudiantil de 1968 en México y la influencia de la CIA en los hechos. Esta información fue obtenida en documentos resguardados en la Galería Uno del AGN.
“Fue de vital importancia tener acceso a los documentos, se trataba de un periodo difícil de la historia de México y su consulta nos dio los elementos para realizar nuestro trabajo; por eso las nuevas medidas son realmente gravísimas, significan un rotundo y lamentable retroceso”, comentó.
El acervo que se halla en custodia de la Galería Uno abarca las investigaciones que desarrollaron áreas de seguridad nacional desde 1947 hasta 1985. Consta de cuatro mil 143 volúmenes, seis cajas con 738 rollos de microfilme en el fondo reservado con documentos generados por las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS), Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) y Dirección de Investigaciones y Seguridad Nacional (DISEN).
Galería Uno
* Fondos. Concentra cajas con expedientes de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Dirección de Investigaciones y Seguridad Nacional (DISEN)
* Periodo. Los 4 mil 143 volúmenes, 6 cajas con 738 rollos de microfilme contienen documentos desde la creación de la DFS, en 1947, hasta mediados de los años 80
* Otros contenidos. Informes sobre actividades de organizaciones políticas, delincuencia común, actos de espionaje, actividades de los asilados políticos, de embajadas, entre otros