Martha Elba Figueroa
El Diario
Distrito Federal— El embajador de Ecuador en México, Alfonso López Araujo, dio a conocer que las autoridades de su país tuvieron conocimiento de la violación de la menor Noemí Jhoselín Álvarez Quillay dos meses después de su fallecimiento y fue la negativa de la autoridad estatal de reconocer el hecho, lo que les hizo solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el representante diplomático, el caso de la menor ecuatoriana, quien se suicidó en el albergue “La Esperanza”, hubiese quedado en la impunidad si las autoridades del país sudamericano se hubieran quedado con la versión proporcionada por la Fiscalía General del estado de Chihuahua, quien hasta el día de hoy sostiene que no hubo ningún ataque sexual en contra de la menor.
“Somos respetuosos de los señalamientos que realizó el embajador de Ecuador en el caso de Noemi”, respondió así a los señalamientos Arturo Sandoval Figón, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En entrevista con El Diario, el funcionario representante ecuatoriano explicó que “nosotros tuvimos la información muy temprana de que la niña había sido violada, pero las autoridades del estado negaron ese hecho. Eso fue lo que precisamente nos llevó a buscar otras instancias”.
Este primer intento de ocultamiento, dijo, que tengo entendido se produjo a niveles medios-bajos, pues no logró su objetivo y al final la verdad salió a relucir.
Al cuestionarle sobre los posibles motivos que pudo haber tenido la autoridad estatal para ocultar información clave para la resolución del caso, López Araujo reconoció que “para mí es tremendamente difícil poder decirlo, podría dar interpretaciones subjetivas que no vienen al caso. Ahí habría que preguntarles a ellos, por qué lo hicieron”.
Nosotros, recordó, tuvimos para el mes de mayo información de qué había pasado y de ahí nuestra insistencia y nuestra terquedad en que este caso debía ser aclarado.
“Yo diría que en un principio cuando el fiscal del estado dio por cerrado el caso, indicando que únicamente se trataba de un suicidio y nada más, la insistencia nuestra tal vez produjo un poco malestar pero era nuestra obligación seguir haciéndolo y lo hicimos”, señaló en entrevista.
De acuerdo con el embajador de Ecuador en México, las autoridades del país andino obtuvieron resultados de una necropsia realizada en aquel entonces, en la que se confirmaba la violación de la menor.
“Hubo un informe de una necropsia en la cual se hablaba que no había habido violación, pero nosotros tuvimos conocimiento de otra necropsia en la que sí se hablaba del tema”, afirmó.
En este marco, el diplomático calificó como “extremadamente positivo que la verdad haya salido a la luz porque eso va a permitir corregir este tipo de cosas. Las autoridades respectivas en el estado de Chihuahua sabrán tomar las medidas correctivas necesarias para evitar que esto vuelva a suceder”.
En contraparte, Alfonso López Araujo aseguró que la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) fue muy eficiente y agradeció su actuación.
“La Procuraduría General de la República empezó a actuar a penas se le pidió. Evidentemente, son casos que no se pueden resolver de la noche a la mañana, hay centenares de actuaciones que para este caso ha tenido la PGR”, resaltó.
Por el contrario, insistió, no sé si podría decir lo mismo de las autoridades del estado.
“Si es que nosotros no planteábamos la insistencia el caso se hubiera cerrado. El fiscal del estado dio cerrado el caso muy rápidamente. Fue la insistencia por parte del Estado ecuatoriano el que hizo que las propias autoridades estatales comenzaran a revisar el tema y que la PGR tomara cartas en el asunto”, recalcó.
El embajador también destacó que “existieron fallas en el manejo del caso. Evidentemente que existieron. Conozco, por ejemplo, que se intentó interrogar a la niña de madrugada, dos o tres de la mañana, que la asistencia psicológica se le dio o mal o tarde, si se le dio, en eso no tengo certitud de lo que estoy diciendo”.
A pesar de ello, concluyó, “creo que de tragedias, como estas, hay que sacar lecciones y eso es importante. Ver en qué se falló y procurar que esas fallas no se repitan porque el caso que los albergues estamos hablando de niños que por su condición de niños merecen un trato especial”.
El martes pasado, en una conferencia de prensa realizada en Quito, Ecuador, la fiscal de la PGR, Mónica Castillejos, relató que dentro de las investigaciones se realizó un amplio estudio psicológico de los riesgos a los que estuvo expuesta Noemí Álvarez Quillay, de 12 años de edad, en su trayecto migratorio desde El Cañar hasta Ciudad Juárez.
“Ella fue víctima de abuso sexual sucedido de tres a seis días antes de su muerte”, dijo.
Personal de la FGE informó, a condición de anonimato para evitar represalias internas, que este hecho había sido del conocimiento de las autoridades locales, pero por instrucciones superiores fueron omitidas, hecho que fue negado por el vocero.
Noemí Álvarez Quillay fue asegurada por la policía el 7 de marzo en Anapra cuando era trasladada por un hombre que supuestamente pretendía internarla sin documentos oficiales a Estados Unidos, luego las autoridades la internaron en el albergue La Esperanza, donde el 11 de marzo fue localizada muerta.
De acuerdo con declaraciones del personal del refugio, la menor entró en crisis luego de que una agente del Ministerio Público Federal la interrogó, y posteriormente se localizó ahorcada en el albergue con la cortina de la regadera del baño.
La niña salió de la Provincia del Cañar, Ecuador, desde el 4 de febrero del 2014, con la intención de reunirse con sus padres en Nueva York, que ya la habían intentado cruzar de manera indocumentada con resultados negativos.
Somos respetuosos: Sandoval
Al ser entrevistado al respecto, el vocero de la Fiscalía estatal, Arturo Sandoval Figón, señaló que parte de las detenciones, aproximadamente 12, las hizo la propia Fiscalía General del Estado. “Hubo una avance superior, enorme por parte de la Fiscalía que detuvo al principal sujeto que tenía a la menor y a gente que formaba parte de esa red de trata de personas”, manifestó.
El portavoz reiteró que son respetuosos del señalamiento que hizo el embajador de Ecuador y lo único que podría agregar es que la Fiscalía hizo su trabajo, aportó elementos, detuvo a los probables responsables, realizó la necropsia de ley, sus peritajes y después los puso a disposición de la Procuraduría General de la República.
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