La Jornada
2015-01-26
Distrito Federal— Uno de los primeros actos de autoridad de los nuevos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) fue aumentarse el sueldo y prestaciones.
El segundo, reducir el salario a un grupo de empleados y a otros, con amenazas, pedirles su renuncia.
Como concesión, los comisionados acordaron darles a su salida no más de dos meses de salario, sin importar el tiempo que hayan prestado sus servicios.
Así, en menos de siete meses, 145 funcionarios de diversos niveles han salido del instituto que ayudaron a construir.
Mientras, aumentaron direcciones y se crearon nuevos puestos, todo bajo el amparo de la reforma aprobada por el Congreso, que otorga autonomía constitucional al organismo.
Este proceso de terminación de relaciones laborales, sin respetar que muchos de los trabajadores se ganaron el derecho a ocupar su puesto por concurso, fue simultáneo a una contratación masiva de empleados que no tuvieron que concursar, como sus antecesores, las plazas.
En otro acuerdo, los actuales titulares del Ifai decidieron dejar sin efecto por 10 meses el mecanismo de ingresos, aplicado por los comisionados que los antecedieron para promover el servicio profesional de carrera, ya que, aseguran, era deficiente, algo que ha llamado la atención de organizaciones de la sociedad civil y de algunos de los propios senadores que eligieron a los comisionados.
En el instituto pasaron de tener ciertas reglas de evaluación para las nuevas contrataciones a no tener ninguna o aplicar sólo aquellas que permitieran a los comisionados cubrir las vacantes a su entera satisfacción y, junto con ello, repartirse el control de las direcciones en lo que eufemísticamente llaman áreas de influencia, pero que en realidad es un reparto de botín, denuncian trabajadores.
Distrito Federal— Un ejemplo de que en el instituto pasaron de tener ciertas reglas de evaluación para las nuevas contrataciones a no tener ninguna o aplicar sólo aquellas que permitieran a los comisionados cubrir las vacantes a su entera satisfacción, según empleados, fue el nombramiento por unanimidad, sin concurso, de José de Jesús Ramírez Sánchez y Adrián Alcalá Méndez como titulares de la Secretaría Ejecutiva y de la Coordinación de Acceso a la Información, respectivamente.
Alcalá Fuentes es calificado por quienes lo conocen como buena persona, pero sin los tamaños para llevar a cabo semejante responsabilidad.
Otro de los puestos que se aprobaron sin concurso es el del panista y ex delegado en Benito Juárez José Espina von Roerich como subdirector de Análisis y Estudios de Ponencia, a pesar de que su currículo precisa que el ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PAN es experto en seguridad pública.
Y como ellos, hay decenas de casos más, que sólo debieron cumplir con condiciones académicas y de experiencia mínimas, a sugerencia de los siete comisionados.
Aunados a estas contrataciones, los comisionados crearon cargos como el de secretario particular de ponencia.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, esta plaza nivel MC3 tiene un sueldo base bruto de 14 mil 409.43 pesos mensuales y una compensación garantizada bruta de 80 mil 945.12 pesos.
Los comisionados se aprobaron otros beneficios. Ahora el Ifai cubrirá hasta 75 por ciento del valor de su vehículo por depreciación durante 36 meses con un límite para coordinador, director general y contralor de 142 mil pesos, y para comisionados de 275 mil pesos.
El apoyo económico mensual para el mantenimiento del automotor es de 5 mil 916 pesos por coordinador, director general y contralor, mientras que para los comisionados será de 11 mil 460 pesos, casi 5 mil pesos más que el de sus antecesores.
Otro de los grupos beneficiados es el de los choferes, quienes tendrán un ingreso de entre 19 mil 315 pesos y 33 mil 415 pesos percepción bruta.
Si desde el sexenio de Felipe Calderón el instituto resintió la intromisión de agentes externos para imponer comisionados, como el caso de Gerardo Laveaga o Sigrid Artz Colunga, hoy la casa de la transparencia parece haber perdido del todo la idea original de un órgano ciudadano y austero, para convertirse en una entidad burocrática que se reparte cotos de poder como cualquier dependencia.
Desde hace 7 meses las renuncias empezaron a ser exigidas por el coordinador ejecutivo, José de Jesús Ramírez, como afirman los despedidos: “Nos llegó a decir que debíamos entregar las plazas porque eran para recomendados”.
En una serie de escritos, Edmundo González Llaca detalla el tono gangsteril utilizado por Ramírez Sánchez para hacer espacios a los recomendados. (La Jornada)