Martha Elba Figueroa
El Diario/Corresponsal
Distrito Federal— Investigadores, académicos, activistas sociales y organizaciones de la sociedad civil de todo el país, entre ellas el Plan Estratégico Juárez, presentaron una propuesta para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ante “la respuestas incompletas presentadas por varias fuerzas políticas”.
La propuesta presentada ayer está basada en cuatro puntos principales que incluyen la creación de un Tribunal de Cuentas, una Fiscalía Anticorrupción, así como reformar tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP), como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con un escrito enviado a los medios de comunicación por los representantes de diversos sectores de la sociedad civil, el Tribunal de Cuentas que proponen deberá ser “imparcial y autónomo que imponga de manera eficaz sanciones y emita recomendaciones para corregir problemas de corrupción”.
También deberá contar con funcionarios altamente capacitados seleccionados de manera exclusiva por el Senado por periodos predeterminados y con candados a su remoción.
Además de un presupuesto suficiente y de carácter autónomo, un Órgano de Control Interno con autonomía e independencia y competente para conocer y sancionar las eventuales responsabilidades administrativas en que incurran sus miembros, así como procesos claros y transparentes para evitar cualquier cuestionamiento en el manejo de los recursos a su cargo.
También propusieron que dicho Tribunal cuente con la capacidad de atracción en casos graves de corrupción en gobiernos estatales y municipales.
Además acceso irrestricto a todos los sistemas informáticos y bancarios que le permitan conocer y determinar la información patrimonial de los servidores públicos a nivel nacional, así como la facultad para recibir quejas y denuncias, y la obligación de asegurar su procedencia y proteger a los denunciantes.
En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, ésta, coincidieron deberá ser independiente y especializada en investigar, integrar y someter expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción.
Para la SFP, propusieron dotarla con mejores facultades para mantener la legalidad en el ejercicio del servicio público, y para evaluar el desempeño de políticas y programas, mientras que a la ASF establecieron dotarla de autonomía e independencia, con facultad para auditar el ejercicio en curso y los ejercicios fiscales anteriores.
“El Sistema Nacional Anticorrupción deberá seguir el siguiente calendario: Creación en la Constitución antes de que concluya 2014, aprobación de legislación secundaria y nombramientos antes de septiembre de 2015 y creación de la estructura administrativa antes de que concluya el 2015”, establecieron.
“Rechazamos que se le imponga un Consejo formado por los integrantes de la clase política con el pretexto de promover la ética pública. El Sistema no debe subordinarse a los designios del Presidente y los gobernadores bajo ningún pretexto”, concluyeron.
El texto está firmado por decenas de académicos e investigadores así como por organizaciones como Causa Cívica, Causa en Común, Fundar, Impacto Legislativo, Incide Social, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Nacional Ciudadano, entre otros.