Martha Elba Figueroa
El Diario/Corresponsal
Distrito Federal— El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) solicitó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aplicar estrictamente la regulación que prohíbe la venta de alimentos chatarra en escuelas.
Ante la incidencia de la obesidad y sobrepeso que padecen el 70 por ciento de los mexicanos, también pidió el alza de impuestos a productos procesados.
Juan Rivera Dommarco, representante de la dependencia federal, sostuvo que los mexicanos viven en un ambiente que promueve la obesidad e interfiere con una alimentación sana, ya que es más fácil tomar refrescos que agua; comer productos grasosos y sabrosos que ingerir una fruta o verdura.
“La educación es necesaria, pero no suficiente, porque no hay disponibilidad de alimentos frescos, pero sí pastelitos y refrescos”, dijo.
Agregó que otro agravante para una dieta balanceada es la falta de recursos de millones de familias sumidas en la pobreza, la publicidad es la “gran educadora” y se carece de campañas gubernamentales que contrarresten su impacto.
“El Poder Legislativo juega un papel fundamental para que la alimentación saludable se convierta en una opción viable, fácil de obtener y de consumir”, precisó.
Advirtió la falta de integración de las políticas públicas contra el sobrepeso y sugirió restricciones publicitarias, ya que un pastelito procesado contiene 400 calorías, mientras una fruta entre 20 a 40 calorías por 100 gramos.
Propuso que la industria no participe en el diseño de regulaciones, porque se ha demostrado que no son claras, sencillas ni eficientes para orientar un consumo saludable y balanceado.
Engañoso etiquetado
Alejandro Calvillo, a nombre de El Poder del Consumidor, señaló que el etiquetado de alimentos es engañoso y confuso.
Refirió que en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sólo tres funcionarios definieron los formatos y contenidos de dichas etiquetas, dos eran abogados y uno especialista en medio ambiente.
No se contó con un grupo de expertos en el sector alimenticio que lo diseñara, como sucede en otras naciones. Por tanto, el etiquetado frontal lo logran entender menos del 6 por ciento de los estudiantes de nutrición y los consumidores se encuentran en absoluta indefensión.