El Universal/AFP
2014-11-25
Distrito Federal— A dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el gobierno federal mantiene un despliegue sin precedente para su localización, sin embargo no hay indicios de su paradero.
Hasta el momento 76 personas han sido detenidas, entre ellos el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, identificados como los autores intelectuales de los hechos ocurridos el 26 de septiembre.
La desaparición de los estudiantes desnudó la colusión de autoridades y narcotráfico.
Distrito Federal— Los jóvenes fueron atacados a tiros en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, por policías corruptos bajo órdenes del alcalde vinculado con el cartel Guerreros Unidos.
Según las autoridades, tres sicarios detenidos confesaron que los policías se los entregaron, que los mataron y quemaron en una hoguera que ardió por 15 horas, y lanzaron a un río los restos calcinados y triturados.
México aún no se repone de esa noche de horror.
“Marcó un despertar civil. La clase política está en entredicho, pero el país se topó de frente con la cruda realidad que muchos no querían ver”, opinó Jorge Hernández, analista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cada día, en una ebullición social de baja intensidad, han ocurrido protestas, algunas con quema de edificios estatales y bloqueos, que pasaron en este tiempo del clamor “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” al de “¡Fuera Peña Nieto!”.
Los padres de los estudiantes, que no aceptan la versión oficial, exigen al gobierno que los busque y se los devuelva vivos.
“Eso es casi un imposible, como pedir la renuncia de Peña Nieto. Aquí se aprovechan los anarquistas, con agenda propia, para desestabilizar”, dijo el académico José Antonio Crespo.
Bajo la amenaza de recrudecer las protestas, estudiantes de Ayotzinapa dieron esta semana al mandatario un “ultimátum” para que renuncie el 1 de diciembre, cuando se cumplen dos años de su investidura.
Para Peña Nieto, quien devolvió el poder al Partido de la Revolución Institucional (PRI), sectores de los manifestantes buscan “desestabilizar” a su gobierno, molestos por sus reformas energética y educativa.
“El gobierno está pasmado. Este debería ser un punto de inflexión para hacer medidas más profundas, de anticorrupción, que toda la clase política acepte, quiera o no”, consideró Crespo.
Un influyente editorialista, Ciro Gómez Leyva, fue tajante sobre la relevancia del anuncio que hará el presidente ante la tormenta que le cae: “No tendrá una segunda oportunidad”.
En plena crisis de pérdida de confianza, Peña Nieto fue señalado de supuesto “conflicto de intereses” por una lujosa mansión que su esposa Angélica Rivera compró a través de una empresa favorecida con proyectos estatales. Sus aclaraciones no lograron aplacar las críticas.
Aunque prometió pacificar el país, el mandatario continuó la ofensiva militar antinarcóticos del ex presidente Felipe Calderón, que desde 2006 deja unos 80 mil muertos y 22 mil desaparecidos.
También siguió la certificación de policías con pruebas de confianza, reprobadas por más de 40 mil agentes.
La única novedad fue una Gendarmería y un programa de prevención del crimen.
Iguala silenció el discurso que exaltaba una baja en la violencia. “Hoy está obligado a cambiar de guión”, subrayó Hope. (El Universal/AFP)