SinEmbargo.mx
2014-10-21
Distrito Federal– La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno del Estado de México por el asesinato de 22 presuntos delincuentes por parte del Ejército Mexicano el 30 junio en Tlatlaya, Estado de México, hecho que el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, calificó como una de las “peores violaciones” a los derechos humanos.
Antes, el 23 de septiembre, cuando ya habían pasado 85 días de la matanza, Plascencia dijo que “tenemos una claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de 2 horas entre el Ejército y estas personas, de disparos entre unos y otros”, que era la versión oficial originalmente.
“Hoy por hoy los peritos están haciendo las mecánicas de lesiones correspondientes”, expresó esa vez. Esa versión era la misma del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y pretendía defender al Ejército Mexicano.
De hecho, Ávila ordenó reservar (congelar) durante 9 años la información referente al caso. Pero ahora, el Ombudsman nacional, cuestionado por sus relaciones con el poder, ha cambiado la versión por una que se ventilaba en contra de lo que la misma CNDH había dicho.
En conferencia de prensa detalló que de acuerdo con la investigación, 15 de las 22 víctimas que perdieron la vida fueron ejecutadas por militares. En el mes de septiembre, Plascencia Villanueva se comprometió a dar a conocer en seis semanas su informe sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya y adelantó que el informe podría ser absolutorio.
Sin embargo, hoy dio a conocer los pormenores de la investigación que se realizaron en torno al caso Tlatlaya, cuatro meses después de los hechos. En la versión oficial de los hechos, emitida el 30 de junio, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Ávila Villegas, dijo el 1 de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
Posteriormente la revista Esquire publicó el testimonio de una mujer testigo identificada como Julia, quien presenció la masacre: “Ellos –los soldados– decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron –de la bodega–. Todos salieron.
Se rindieron, definitivamente se rindieron. […] Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’.[…] Luego los paraban así en hilera y los mataban. […] Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.
En tanto, la agencia Assoaciated Press dio cuenta del testimonio de otra mujer, quien relató cómo dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años.
“Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”, describió a la agencia de noticias estadounidense.
Reacciones de HRW y AI
El director de la división para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el asesinato por parte de elementos del Ejército Mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes es la peor masacre de civiles del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
“El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”, afirmó Vivanco en un comunicado.
En tanto, Amnistía Internacional llamó a las autoridades civiles a realizar una investigación exhaustiva imparcial de la muerte de los 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya.
“Si el compromiso del gobierno es real, este es el momento para impulsar la investigación por parte de las autoridades civiles de los hechos de Tlatlaya, y reiniciar por otra unidad o instancia de la PGR una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos y cuando exista evidencia de violaciones de derechos humanos los responsable deben ser llevados ante la justicia”, manifestó el organismo civil a través de un comunicado de prensa.
Amnistía denunció que los reportajes señalan que la testigo fue presionada por representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la PGR para cambiar su testimonio con el fin de confirmar la versión de los hechos presentados por Sedena.
“Es de destacar que cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión de estos funcionarios en los abusos”, mencionó Amnistía.
Y agregó: “El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que la forma de combatir la delincuencia se ha modificado, y ya no se basa en la comisión de violaciones de los derechos humanos ni en el encubrimiento de los responsables de tales abusos. En tal sentido, estamos ciertos que sólo se puede superar la crisis de inseguridad que sigue afectando grandes regiones de México sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y un sistema de impartición de justicia eficaz e imparcial”.
La petición de Amnistía se suma a la realizada por Human Rights Watch (HRW), quien en días pasados también demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto esclarecer e investigar a fondo la muerte de los 22 civiles.
En un comunicado de prensa, el organismo, con sede en Nueva York, señaló que “han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”.
Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular”. La exigencia de HRW es que el gobierno federal asuma una posición imparcial y efectiva para esclarecer los hechos.
En julio pasado miembros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) urgieron al Gobierno Federal esclarecer y transparentar toda la información sobre la muerte de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México.
Por medio de un comunicado, las organizaciones informaron que hasta el momento no existen pruebas de conocimiento público de que lo sucedido se tratara de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y un grupo armado organizado.
“Exhortamos al Gobierno de la República que haga pública la información del caso y que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie de inmediato investigaciones penales para sancionar a los responsables de haber cometido homicidio por el uso indebido de armas de fuego por parte de la Sedena”, pidieron por medio de un comunicado.