Milenio
2014-10-21
Distrito Federal— La presidenta de la Comisión especial creada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al caso Tlatlaya, Elena Tapia Fonllem, se refirió a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Raúl Plascencia y señaló que era “deseable que sobreviniera una recomendación, aunque de ninguna manera era esperable, pues el Dr. Plascencia sostuvo públicamente, hasta hace tres semanas, la hipótesis del enfrentamiento”.
La legisladora perredista dijo que el órgano nacional de derechos humanos tenía la obligación de señalar a diversas autoridades que a lo largo de casi cuatro meses “sólo abonaron a la confusión, a la incertidumbre y al desdén por las víctimas”.
Hizo un llamado las autoridades civiles y militares para que asuman sus responsabilidades por cualquier acción u omisión que hayan cometido, “como resultado de una investigación profesional y apegada a los más altos estándares en derechos humanos, dentro de la estricta jurisdicción civil”.
Además, consideró que el gobernador Eruviel Ávila “debe responder por el incremento de la violencia y de la impunidad en el Estado de México, y revisar su postura acerca del presunto enfrentamiento en Tlatlaya, lo que despierta serias dudas sobre su compromiso hacia los derechos humanos que está obligado a respetar, proteger, garantizar y promover por la Constitución y los tratados internacionales”
A través de un comunicado dijo que la respuesta Estado mexicano ante el caso Tlatlaya representa un desafío crucial para el avance de los Derechos Humanos.
Por ello, resaltó que se deben señalar las fallas de autoridades estatales y federales para llevar a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial ante casos en que exista sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias
Además, sostuvo, “es necesario reconocer los hechos como ejecuciones extrajudiciales, según las definiciones de los instrumentos internacionales, y no como homicidios agravados, de acuerdo a lo que ha sostenido el Procurador General de la República”.
A pesar de que el PRI y PAN acordaron que fuera en noviembre la discusión, el pleno aprobó como fecha límite para resolver la desaparición de poderes en Guerrero el 30 de octubre.