El Universal
2014-10-20
Distrito Federal— La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de 64 millones y medio de pesos a quien proporcione información que permita localizar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Sin embargo, representantes de los familiares de los normalistas expresaron su escepticismo sobre las investigaciones tras sostener una reunión con el secretario de Gobernación (Ministerio del Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, y el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en el aeropuerto de Acapulco, ciudad del estado de Guerrero al que también pertenece Iguala.
Los jóvenes desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado, de acuerdo con las investigaciones, fueron entregados por policías municipales a un grupo del crimen organizado que opera en la entidad.
A partir del acuerdo que firmó el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, a quien aporte datos para ubicar el paradero de los normalistas se le entregará una gratificación de un millón y medio de pesos por cada uno de los estudiantes que sean localizados.
La información que se proporcione tiene que ser “veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente” a la localización de los estudiantes, quienes hace 25 días fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala y, posteriormente entregados por elementos policiacos del municipio de Cocula a integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos”.
El monto de la recompensa que el Gobierno federal ofrece como un intento para encontrar a los estudiantes es mayor ya que también se entregará hasta un millón y medio de pesos a quien aporte información que conduzca “a la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y los que resulten, en agravio de las víctimas referidas”.
La medida se tomó ya que se desconoce dónde están los estudiantes, a pesar de que existen más de 50 detenidos implicados en los hechos, 36 de los cuales son policías municipales de Iguala y Cocula –que ya están en prisiones federales–; además de que 17 presuntos integrantes de “Guerreros Unidos” han sido aprehendidos, entre ellos su líder Sidronio Casarrubias Salgado, quien aseguró, en sus declaraciones ministeriales sobre los hechos, que él no ordenó la desaparición de los alumnos normalistas.
En tanto, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Vidulfo Rosales Sierra, informó que durante una reunión privada, autoridades federales les revelaron a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que la Fiscalía General de Guerrero hizo un mal procedimiento para sacar los cuerpos de las fosas clandestinas encontradas en Iguala días después de la masacre en dicho municipio.
En rueda de prensa, acompañado por un representante de los padres de familia y de la dirigencia estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, Rosales Sierra informó que en la reunión estuvieron presentes el procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de esa dependencia, Luis Miranda Nava.
Añadió que los funcionarios les dieron un informe pormenorizado del avance de las investigaciones del caso Iguala.
Señaló que a 24 días de la desaparición de los 43 normalistas, la PGR aún no pudo darles certeza de si los estudiantes podrían estar vivos.
Rosales precisó que hasta que no concluyan las pesquisas forenses que aún realiza un equipo de especialistas argentino, en conjunto con peritos de la PGR, van a descartar que los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas pertenezcan o no a algunos de los desaparecidos.
En el encuentro, que fue cambiado de sede, estuvo presente Miguel Álvarez Gándara, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), que ha sido la organización interlocutora entre la federación y las víctimas indirectas de la masacre de Iguala.
Además, acudieron el presidente del Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el director técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles Defensores de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, entre otros.
Felipe de la Cruz, representante de los padres de familia, informó que ellos mantienen la esperanza de que los normalistas estén vivos, y dijo que la exigencia de justicia es la misma: que aparezcan con vida. (El Universal)