Agencias
2014-09-19
Distrito Federal— La Secretaría de la Defensa Nacional informó que prestará su colaboración "irrestricta" para que se esclarezca la muerte de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, ocurrido el 30 de junio.
La dependencia expresó en un comunicado que "es la más interesada" en que se investigue a fondo y se esclarezcan los hechos, ya que "estamos obligados a conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas".
Indicó que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están comprometidos para actuar con "estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos de los ciudadanos".
En notas publicadas por la agencia Associated Press y la revista Esquire, edición mexicana, dos testimonios relatan cómo la madrugada del 30 de junio llegaron soldados a una bodega en Tlatlaya hubo un enfrentamiento después del que los presuntos delincuentes se rindieron, pero una vez que estaban en el piso, los miembros del Ejército los ejecutaron.
Esas versiones se contraponen con la de la Secretaría de la Defensa cuando informó que personal militar realizaba rondines y encontró una bodega custodiada por personas armadas que abrieron fuego contra los soldados, a lo que estos respondieron y lograron rescatar a tres mujeres presuntamente secuestradas. La Sedena informó entonces que habían muerto 22 personas del grupo opositor y un soldado había sido herido.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron este viernes al gobierno de México investigar "exhaustivamente" la muerte de 22 presuntos delincuentes, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos entró en contacto con la una testigo e investiga el caso para ver qué es lo que realmente pasó.
AI indicó en un comunicado que "es alarmante esta nueva información de 21 personas ejecutadas extrajudicialmente cuando ya se habían entregado".
La organización apuntó que los reportajes señalan que "la testigo fue presionada por representantes de la PGJEM y la PGR para cambiar su testimonio con el fin de confirmar la versión de los hechos presentados por Sedena".
Destacó que "cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la colusión de estos funcionarios en los abusos".
Señaló que la crisis de inseguridad sólo se puede superar sobre "la base del respeto pleno a los derechos humanos y un sistema de impartición de justicia eficaz e imparcial".
Por lo que llamó al gobierno a impulsar la investigación "reiniciar por otra unidad o instancia de la PGR una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos y cuando exista evidencia de violaciones de derechos humanos los responsable deben ser llevados ante la justicia".
Sobre el hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró el viernes que entró en contacto con la testigo que asegura que un grupo de militares mexicanos asesinaron a su hija y 20 hombres de un presunto grupo del narcotráfico tras haberse rendido luego de un enfrentamiento.
Marat Paredes, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo el viernes a la agencia The Associated Press que funcionarios del organismo habían hablado con la madre hace unos dos meses y que investiga el caso para ver qué es lo que realmente pasó.
Por su parte, el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo el viernes que si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano, "nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México".