Agencias
2014-09-18
Distrito Federal— Dos testigos del enfrentamiento armado en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, en el que murieron 22 personas, aseguraron que fueron soldados los que mataron a tiros a los presuntos delincuentes cuando ya se habían rendido.
“Los paraban así en hilera y los mataban (...) estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, señala uno de los testimonios.
En notas publicadas por la agencia Associated Press y la revista Esquire, edición mexicana, dos testimonios relatan cómo la madrugada del 30 de junio llegaron soldados a una bodega en Tlatlaya, hubo un enfrentamiento y después de que los presuntos delincuentes se rindieron, una vez que estaban en el piso, los miembros del Ejército los ejecutaron.
El mismo día del suceso, la Secretaría de la Defensa informó en un comunicado que esa madrugada, personal militar realizaba rondines y encontró una bodega custodiada por personas armadas que abrieron fuego contra los soldados, a lo que éstos respondieron y lograron rescatar a tres mujeres presuntamente secuestradas. La Sedena informó entonces que habían muerto 22 personas del grupo opositor y un soldado había sido herido. Esa versión fue cuestionada pues de las tropas del Gobierno sólo resultó herido un soldado, y las evidencias físicas en el lugar de los hechos apuntan a que hubo un asesinato selectivo.
En la nota publicada por Associated Press, una mujer relató cómo vio que los soldados dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años. Erika yacía en el suelo con una herida en la rodilla, los soldados le dieron la vuelta aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho. Luego la volvieron a poner boca abajo, aseguró la madre.
Las otras veinte personas fueron asesinadas a tiros después de que se rindieran, afirmó la mujer, que pidió a la agencia no ser identificada por razones de seguridad y que dice haber sido testigo de las ejecuciones porque había ido por su hija a ese lugar.
“Los soldados interrogaron al resto de los miembros de la banda al frente de la bodega, y luego los llevaron a su interior de uno en uno”, dijo. Desde donde estaba viendo, justo fuera de la bodega y bajo custodia del Ejército, la mujer oyó los disparos y los gemidos de los moribundos.
“Los soldados les gritaron después que se rindieran y que no les pasaría nada. Los jóvenes salieron con sus manos en la nuca”, aseguró la mujer.
Los soldados llevaron a la madre a un cuarto a medio terminar en la bodega, junto con otras dos mujeres y dos jóvenes que habían dicho que eran víctimas de secuestro.
La madre habló hace unos días con enojo sobre la muerte de su hija y aún mostraba algunos signos de trauma y conmoción. Dijo que pasó la noche sin dormir sentada en una pila de ladrillo luego que llegó a la comunidad, el 29 de junio, para intentar llevarse a su hija que había escapado.
La joven estaba involucrada con malas compañías, dijo, y comentó que el grupo había viajado desde la comunidad de Arcelia, Guerrero, hacia San Pedro Limón, en el vecino Estado de México, armados y a bordo de tres camionetas. Todos eran adolescentes y jóvenes de poco más de 20 años. Poco se sabe acerca de lo que la pandilla estaba haciendo o qué había estado haciendo días antes de los tiroteos.
Desde ahí y bajo la custodia de los militares, ella sólo pudo mirar algunas cosas de reojo y escuchar lo que siguió a continuación. “Pues me quedé en shock... de ver tanto”, dijo la madre, quien comentó que a algunos les dispararon de pie y a otros los pusieron de rodillas.
La versión de la madre de Erika coincide con la de Julia -el nombre no es real- otra mujer que estuvo en la bodega de Tlatlaya durante el tiroteo y que fue entrevistada por la revista Esquire.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (...) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (...) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (...) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, dijo Julia.
Entrevistados por separado por Associated Press, familiares de otras tres víctimas y un médico que vio el cuerpo de Erika dijeron que las heridas que vieron eran consecuentes con el relato de la madre de la quinceañera sobre la manera cómo fueron asesinados. Ella había dicho que los soldados hirieron primero a los presuntos criminales para incapacitarlos y que luego los mataron a tiros en el pecho.
El certificado de defunción de Erika, que fue visto por los reporteros de AP, confirmó que la niña murió el 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón, donde las muertes tuvieron lugar, a causa de las heridas de bala que recibió. El certificado no ofrece detalles sobre la balística o el tipo de arma utilizada.
Una semana después de la muerte de los 22, Associated Press publicó que sus reporteros visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo. Al menos en cinco lugares de las paredes interiores mostraban un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por un salpullido de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los muertos fueron puestos de pie, contra la pared, al momento de recibir uno o dos tiros, precisos, a la altura del pecho.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una investigación en curso para determinar qué pasó exactamente ese día, dijo el presidente del organismo, Raúl Plascencia, aunque comentó que no podía dar detalles.
Después de la historia de la AP, la Procuraduría de Justicia de México emitió un comunicado en el que aseguró que “no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución” y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.
El gobierno del estado se rehusó a entregar a la AP los informes de las autopsias de los muertos y elevó los documentos a la categoría de secreto de estado y los privilegió con una reserva por los siguientes nueve años, luego de que la agencia interpusiera una petición de información, garantizada por la ley de transparencia mexicana.
Ante una petición similar en julio, la Procuraduría General de la República respondió que las autopsias no existían.
La Procuraduría General de la República señaló que hay una investigación abierta sobre el incidente, pero que hasta ahora no ha encontrado evidencias que corroboren los dichos de la testigo, cuya versión fue reportada originalmente por la revista Esquire Latinoamérica.
Ninguno de los familiares quiso ser identificado por temor a represalias. El Ejército y Procuraduría del Estado de México se han rehusado a dar a conocer una lista con los nombres de las víctimas.
Después de un par de horas, los dos hombres que se habían hecho pasar como secuestrados fueron separados de las tres mujeres, tomados en custodia por los soldados y ultimados aparentemente porque no creyeron que habían sido plagiados.
En un comunicado de prensa inicial, el ejército dijo que rescataron a tres mujeres que habían sido víctimas de un secuestro. La madre dice que ella era una de esas tres mujeres y que fueron llevadas a la capital del estado de México, Toluca, y que fueron puestos en custodia de fiscales del estado.
La madre de Erika dijo que fue fotografiada junto a las armas confiscadas a la banda y dijo que también sería arrestada si no cooperaba con las autoridades y si no confirmaba su versión de lo sucedido en la madrugada del 30 de junio. Posteriormente, fue trasladada a la unidad de crimen organizado de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, y finalmente puesta en libertad sin cargos.
Ante estas nuevas revelaciones, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch dijo que: “El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio. Ante esta gravísima denuncia, que pone en evidencia que al día de hoy, a casi tres meses de los hechos, aún hay más interrogantes que respuestas oficiales sobre lo que efectivamente sucedió ese día, el gobierno de Peña Nieto no puede guardar silencio. Es indispensable que las más altas autoridades expliquen cuáles han sido los avances en la investigación de este incidente, de la cual se sabe poco y nada, y sobre todo, es importantísimo que se adopten las medidas necesarias para proteger a la testigo y que no corra ningún riesgo su seguridad”. (AP/Esquire Latinoamérica/Milenio)