Érika Hernández
Agencia Reforma
Distrito Federal— Los adultos que permitan y no denuncien agresiones contra menores podrían ser sancionados con una multa de hasta 200 mil pesos.
Esa medida está contemplada en la propuesta de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, enviada ayer el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado y que deberá aprobar el Congreso en los próximos 30 días, al ser una iniciativa preferente.
“La ley contempla medidas contra el acoso y la violencia escolar, estableciendo mecanismos de denuncia y protocolos para la atención de niños afectados, además impone multas de hasta 3 mil veces el salario mínimo a los adultos que, teniendo conocimiento, no impidan cualquier tipo de abuso, acoso o agresión escolar.
”Ello independientemente de otras responsabilidades civiles o penales en las que se pueda incurrir.
Esta ley será un instrumento eficaz para combatir el bullying“, resumió el Primer Mandatario durante el evento “México sin Trabajo Infantil”, en el que se advirtió que 2.5 millones de menores laboran en el País.
La iniciativa contempla un capítulo sobre el derecho a la protección contra todas las formas de venta, trata, explotación, abuso, abandono o crueldad, en el que se indica que los Gobiernos estatales deberán crear legislaciones y planes para combatir esos ilícitos.
Se plantean sanciones para medios de comunicación hasta de 40 mil días de salario mínimo y cuatro años de cárcel por difundir imágenes, nombres o voz de menores, sin la autorización; y 140 mil días de salario a los concesionarios que transmitan contenidos “perturbadores o hagan apología del delito”.
Los DIF nacional y estatales deberán crear dentro de su estructura una Procuraduría de Protección, que podrá representar a menores involucrados en procedimientos penales y administrativos, dar asesoría a menores, presentar denunciar ante el ministerio público cuando se violen sus derechos y supervisar que los centros de asistencia social o albergues cumplan con las disposiciones de calidad y legalidad.
También deberán presentar un Programa de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes que establezca las líneas de acción que ofrece al sector y se crean los Sistemas de Protección Integral, tanto a nivel nacional como en los estados, los cuales darán seguimiento a las políticas públicas en la materia y fomentará la colaboración entre Gobiernos.
También obliga a los albergues públicos y privados contar con infraestructura adecuada para el alojamiento de pequeños y adolescentes, y garantizar servicios de calidad.
Y en medio la crisis de menores migrantes, la iniciativa contempla nuevos derechos para niños no acompañados, como servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, además de atención y asistencia consular.