Agencia Reforma
2014-08-26
Distrito Federal— Por la emergencia ambiental que provocó el derrame de residuos mineros sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, no verá suspendidas sus labores, sólo será multada.
El Gobierno federal reconoció ayer que se aplicarán las máximas sanciones en contra de la minera con base en la legislación ambiental, aunque no contempla la clausura o retiro de la concesión.
El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro, informó ayer que sólo se aplicó una suspensión parcial en el patio de lixiviados, lugar donde se registró la fuga de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre el pasado 6 de agosto.
Dicho derrame dejó sin agua desde hace 20 días a 24 mil habitantes de siete municipios de Sonora y afectó la economía de esa región.
“Hasta este momento no tenemos elementos para poder determinar una clausura definitiva de los trabajos de la mina”, indicó Haro durante la conferencia de prensa donde se presentó un informe sobre las acciones realizadas ante la emergencia ambiental.
El funcionario expuso que aún se realizan estudios para determinar la magnitud del daño y presentar una demanda por responsabilidad ambiental, en la que se podría aplicar una sanción por 40 millones de pesos.
Además está el monto por reparación o compensación, que dijo, se estimaría en cientos o miles de millones de pesos.
Distrito Federal— Dicha demanda se suma a la denuncia penal presentada el 18 de agosto por la Profepa en contra de quien resulte responsable del derrame.
También se contemplan multas de 50 mil salarios mínimos, equivalente a aproximadamente 3 millones de pesos, por cada irregularidad que se detecte en los nueve permisos de impacto ambiental con los que cuenta la empresa.
En su intervención, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, sostuvo que, de acuerdo con especialistas, éste sería el peor desastre ambiental en la industria minera del país.
No obstante, dijo, la dependencia no cuenta con las facultades para retirar la concesión y sólo han emitido informes del año a la Secretaría de Economía.
“La legislación actual no daría la facultad a la Semarnat para clausurar (la concesión) a una empresa minera. Es por eso que estamos aplicando, con base en la legislación que existe, las máximas sanciones que nos permite la ley”.
Al mismo tiempo, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios han iniciado procedimientos administrativos.
Por su parte, David Korenfeld, titular de Conagua, expuso que la presa El Molinito, que abastece a la ciudad de Hermosillo y otros municipios, hasta el momento se encuentra libre de contaminantes.
No obstante, subrayó que la restricción de consumo de agua del Río Sonora y de los 322 pozos ubicados en un margen de 500 metros se mantiene vigente hasta que las muestras de calidad de agua aprueben todos los parámetros. (Evlyn Cervantes/Agencia Reforma)