Martha Elba Figueroa
El Diario
Distrito Federal– Más de 40 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de diversos aspectos de las leyes secundarias de la reforma energética por afectar de manera negativa a los derechos humanos y poner en riesgo el desarrollo sustentable del país.
“Las actividades de extracción de hidrocarburos por métodos no convencionales, como sucede en proyectos que hacen uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking), prevén una larga cadena de violaciones a derechos humanos de poblaciones vecinas a estos proyectos. Destacan, prominentemente, los derechos al acceso al agua, a la salud y a un medio ambiente sano”, explicó Francisco Cravioto, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Aunado a ello, dijo, el derecho a la propiedad se encuentra en abierta contradicción con la “utilidad pública” que gozan estas actividades.
“Esta figura permite imponer a comunidades, ejidos y terrenos privados la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbres legales sin permitir el acceso a la justicia, asegurar el debido proceso o respetar el principio pro homine establecido en la Constitución”.
Las organizaciones también consideraron que los impactos de las reformas secundarias pueden provocar daños, menoscabos y prejuicios a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México es parte.
Entre ellos, advirtieron, la violación al derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios, a la no discriminación, al derecho de propiedad, de trabajo, de libertad de expresión, información, participación y acceso a la justicia, al medio ambiente sano y el acceso, saneamiento y disposición de agua así como también a los principios de no regresividad en materia de derechos humanos y al principio pro persona.
Además, las organizaciones consideraron que las modificaciones a diversos instrumentos normativos y la creación de otros que dan marco a la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto dejan pendiente temas fundamentales para el país como la transición energética hacia la energía renovable; el cumplimiento de compromisos suscritos por México a nivel internacional para alcanzar las metas reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI); la protección del medio ambiente, así como la internalización de los costos generados por los daños e impactos ambientales.
Araceli Olivos Portugal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, enfatizó que la CNDH debe cumplir con su papel encomendado con la reforma constitucional del 2011 y en estos términos debe hacer un escrupuloso análisis del paquete legislativo aprobado, pues vulnera distintos derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
“De lo contrario una vez más el ombudsman nacional estaría incumpliendo con sus papel de órgano garante de los derechos fundamentales y respondería más a intereses de índole político y no a la agenda técnica de los derechos humanos”, concluyó.