Reforma
2014-08-19
Distrito Federal— Funcionarios del gobierno mexicano recibieron el informe sobre migrantes realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y advirtieron que una respuesta para enfrentar los retos de la movilidad en la región era el Programa Frontera Sur.
"La subsecretaria (Paloma) Guillén Vicente hizo referencia al Programa Especial de Migración 2014-2018 y al Programa Frontera Sur recientemente anunciados, como parte del esfuerzo y trabajo que realiza el Gobierno de México para enfrentar estos desafíos", indicaron un comunicado conjunto las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.
Las dependencias informaron que el Relator Especial sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, Felipe González, expuso su informe ante las subsecretarias de Gobernación, Paloma Guillén y Lía Limón; el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.
El Gobierno mexicano señaló que en su informe la CIDH reconoce los avances legislativos en materia migratoria que señala la CIDH, y que a la vez resalta la complejidad del fenómeno migratorio en México.
"(El fenómeno) plantea una serie de retos que merecen ser atendidos con un enfoque de derechos humanos, tales como fortalecer las capacidades de las autoridades migratorias e involucrar a la sociedad civil en la formulación, diseño e implementación de políticas públicas en la materia", mencionó.
Según el comunicado, los funcionarios reiteraron al relator el interés de México por trabajar de manera conjunta con los países de la región para promover políticas que brinden la oportunidad a los connacionales de permanecer en sus países de origen, faciliten los flujos regulares, garanticen la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y permitan atender a grupos en situación de particular vulnerabilidad.
Las dependencias indicaron que las recomendaciones de la CIDH son una referencia importante referencia para orientar las acciones del gobierno de México hacia una política migratoria basada en los derechos humanos.