Martha Elba Figueroa
El Diario
Distrito Federal— La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que modifica la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de promover y proteger los derechos humanos ciudadanos, por lo que establece que cometen este delito los funcionarios que inflijan a una persona sufrimiento físico o mental con fines de investigación criminal.
De igual modo, se busca cambiar la denominación de esa ley para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura, luego de que sea puesta a discusión en el Pleno en septiembre próximo.
La minuta que reforma los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la ley, tiene la intención de que esta norma jurídica sea de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de fuero federal.
La reforma especifica que comete el delito de tortura el servidor público que intencionalmente realice cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona sufrimiento físico o mental con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.
Asimismo, establece que se entenderá como tortura cualquier acto u omisión tendente a disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o mental
De igual manera, estipula que no se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente o las inherentes a éstas, o de actos legítimos de autoridad, siempre y cuando no incluyan la realización de actos prohibidos por la Constitución, por los tratados internacionales o por esta Ley.
El dictamen puntualiza que con esta modificación se evitará el uso indiscriminado de esta figura la potestad punitiva del Estado para justificar violaciones a los derechos humanos.
Además, se determina que no se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.
Tan sólo en el estado de Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 128 quejas por tortura contra elementos del Ejército mexicano, de 2008 a 2012, cuyos casos se cayeron, como el de Israel Arzate Meléndez, según dio a conocer el presidente del organismo, José Luis Armendáriz González.
En tanto, durante el 2013, el mismo organismo autónomo recibió 19 quejas contra militares por violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, detención ilegal y falsa acusación, abuso de controles oficiales, hostigamiento, desaparición forzada, allanamiento de morada, robo, entre otras causas.
En ese mismo año, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) absorbió el primer caso del actual sexenio, por desaparición forzada; se trata del caso de tres chihuahuenses que fueron ilegalmente capturados por elementos del Ejército y que posteriormente fueron desaparecidos.
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó, del 2008 a 2013, un total de 24 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones cometidas por el personal castrense contra población civil radicada en el estado de Chihuahua.
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