Milenio
2014-08-01
Distrito Federal— El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta noche en lo general y en lo particular las nuevas leyes de Ingresos por Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo con una serie de modificaciones.
Los cambios, entre otros aspectos, prevén una compensación de hasta 11 mil 800 millones de pesos a las 32 entidades federativas por las pérdidas que les significará la nueva fórmula de distribución de participaciones petroleras.
Dichos recursos provendrán de los ingresos excedentes por la vía de los hidrocarburos respecto a la estimación anual prevista en el respectivo paquete económico.
El quinto dictamen de las leyes secundarias en materia energética será turnado de manera inmediata al Senado de la República para su ratificación.
Entre las modificaciones avaladas con 334 votos a favor y 119 en contra destaca igualmente el aumento de 79.73 a 80.29 en el porcentaje participable de los ingresos petroleros.
Los diputados federales aprobaron también la incorporación de un candado a la llamada "cláusula de impunidad" que obliga a las secretarías de Hacienda y de Energía a contratar y pagar con recursos públicos los seguros y fianzas para cubrir indemnizaciones y defensa legal de los funcionarios cuya actuación en la licitación de contratos del sector hidrocarburos genere algún daño.
La adición al respecto establece que "en los casos en que, derivado de resolución administrativa o penal firme, se haya demostrado la actuación dolosa o de mala fe del servidor público, o la comisión de actos ilícitos, se cancelarán de manera definitiva los apoyos y se procederá en términos de las disposiciones legales para exigir el reintegro".
De igual forma suprimieron el artículo que liberaba a Pemex y a los inversionistas privados de pagar utilidades a sus trabajadores.
Pemex deberá de ese modo pagar por primera vez en su historia dicha prestación en los casos en que esté asociada con particulares, mas no así en su actual relación laboral con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
La modificación al proyecto suprimió el artículo que a la letra señalaba que "las utilidades de los contratistas y asignatarios (del sector hidrocarburos) no se repartirán entre sus trabajadores".