Jenaro Villamil
Proceso
Distrito Federal— A partir de la reforma energética, la ruta de los grandes negocios petroleros se ubica en entidades del norte del país (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas), donde el Gobierno federal espera recibir más de 1 billón 2 mil 990 millones de pesos en inversiones privadas para exploración y extracción de hidrocarburos.
Así, es también la región del país donde se prevén más conflictos agrarios y ganaderos: 81 municipios de dichas entidades federativas serán afectados por la expropiación y la figura de “ocupación temporal” incorporada en las nuevas leyes energéticas.
Son los mismos estados donde organizaciones especializadas en derecho ambiental y activistas pronostican un mayor impacto debido al fracking –fractura hidráulica de las rocas para extraer el gas de lutitas o gas shale– y un mayor riesgo para las áreas naturales protegidas que no cuentan con un “programa de manejo”. Son los casos de Janos, Cascada de Basaseachic y Cumbres de Majalca, en Chihuahua, o las zonas de Cuatrociénegas y Ocampo, en Coahuila.
Esto se desprende de tres documentos diferentes, cuyas copias obtuvo Proceso. En ellos se detallan los negocios de exploración y extracción de hidrocarburos, gas shale, centros pretroquímicos, gasoductos y poliductos que se cederán a los inversionistas privados, merced a la entrada en vigor de las nuevas leyes secundarias en materia energética, discutidas y aprobadas en el Senado y la Cámara de Diputados.
Según el estudio Potencial de inversiones de la reforma energética en las distintas regiones de México, el negocio más importante se prevé en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se esperan inversiones por poco más de 1 billón de pesos, dedicadas a exploración y extracción de hidrocarburos, es decir, petróleo y gas.
El análisis, elaborado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y distribuido entre los senadores priistas para que defendieran las reformas secundarias, asienta que en Coahuila se tiene proyectado un centro petroquímico que costará 58 mil 500 millones de pesos, e inversiones privadas en toda la región por 47 mil 680 millones de pesos para instalar gasoductos y poliductos.
La segunda zona con mayor potencial de inversiones es la región sur-sureste. En Tabasco, Veracruz y Campeche se planea recibir 769 mil 202 millones de pesos en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como 58 mil 500 millones para un centro petroquímico en Chiapas, 45 mil 500 millones para reconfigurar una refinería en Oaxaca, 15 mil millones para una planta de licuefacción de gas natural y una central de ciclo combinado en Yucatán, y 11 mil 430 millones de pesos en 910 kilómetros de gasoductos y poliductos.
En el noroeste, centro y centro-occidente del país las inversiones privadas serán menores. En la zona del Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala se prevén 136 mil 393 millones para exploración y extracción de hidrocarburos, 48 mil 850 millones de pesos para reconfigurar una nueva refinería y 150 mil 800 millones de pesos para construir otra refinería, ambas en Hidalgo.
El optimismo frente a las probables inversiones privadas es tal que el documento prevé: “Estos proyectos de alto impacto detonarán la actividad económica y su repercusión va más allá del sector energético (creación de empleos calificados, demanda por profesionistas, desarrollo de infraestructura, entre otros).
El total de inversiones que se espera es de 1 billón 905 mil 85 millones de pesos y no se prevé ningún conflicto o debilitamiento de Pemex, a pesar de que en otros documentos se consideran riesgos relativos a la bonanza privatizadora.
El despojo y la negociación
Otro estudio jurídico elaborado por Luis Sánchez, vicepresidente del PRD en el Senado, considera que la posibilidad de expropiar u “ocupar temporalmente” las tierras con potencial energético afectará, al menos, a 12 entidades del país y a más de 260 municipios, donde se llevarán a cabo actividades para la extracción y exploración de hidrocarburos.
Según el mapa, de los 260 municipios más afectados, 47 corresponden a la cuenca Sabinas-Piedras Negras, que abarca un municipio de Chihuahua, 18 de Coahuila y 28 de Nuevo León. Además, hay otros 26 municipios de Tamaulipas con unalto potencial de conflicto. Todos están en la región noreste, la más promovida para las inversiones privadas.
En Coahuila, el municipio de Sabinas también tiene potencial para el gas shale y para gas asociado a las minas de carbón, al igual que Burgos y Tampico, en Tamaulipas, y Misantla, en Veracruz.
El mismo estudio del PRD prevé conflictos en 51 municipios de Veracruz y Oaxaca, en 90 de Chiapas, uno de Tabasco, cuatro de Hidalgo y cuatro de San Luis Potosí.
El capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos –el pilar de todas las leyes secundarias discutidas en el Senado– estableció una fuente de conflicto entre los inversionistas y operadores privados, por una parte, y los propietarios, poseedores o titulares de los terrenos, bienes o derechos: ordenó que sea el libre mercado el que defina su relación.
En el artículo 95 se avala la negociación directa, sin considerar las asimetrías entre una y otra parte, y en el 91 se asienta que “la industria de hidrocarburos es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos. (…) Las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.
La negociación entre el PRI y el PAN modificó el término de “expropiación” por el de “ocupación temporal” y estableció que el porcentaje de utilidad lo definirá la Secretaría de Energía, con el apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Los riesgos ambientales
Una tercera fuente de conflicto para el gran negocio petrolero previsto por el gobierno peñanietista serán los riesgos medioambientales y, en especial, la práctica del fracking. Durante la discusión en lo particular, los senadores de PRI, PAN y PVEM rechazaron la propuesta del PRD para modificar los artículos 19 y 20 de la Ley de Hidrocarburos y prohibir expresamente el uso de esta tecnología.
En su documento Consideraciones para la reforma energética, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Alianza Mexicana contra el Fracking, Fundar y Ocean Futures Society advierten que las leyes secundarias, “al privilegiar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, ponen en riesgo el resto de las actividades productivas, entre las cuales se encuentran la agricultura, la ganadería, el manejo forestal comunitario, los esquemas de pagos de servicios ambientales e hidrológicos, así como la conservación de los ecosistemas en distintas zonas del país, como bosques, selvas, manglares, humedales, zonas desérticas y matorrales, entre otras”.
Los organismos defensores de los derechos ambientales critican la creación de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ANSIP), producto de la negociación entre el Partido Verde y el PRI, porque “duplicará facultades” con la Semarnat y no garantizará el cuidado ambiental.
Los grupos ecologistas señalan que la técnica del fracking generará los siguientes efectos adversos: “Manejo de millones de litros de agua para fracturar la roca con la presión necesaria; contaminación de las fuentes de agua; contaminación del subsuelo por la acción de activos químicos nocivos; deterioro de la calidad del aire; aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución; uso de grandes cantidades de energía para el transporte, y problemas por la inexistencia de mecanismos satisfactorios para la eliminación de residuos”.
Así, las entidades y las áreas naturales protegidas donde el gobierno federal prevé millonarias inversiones serán las más afectadas por el plan de negocios energético.
Esto se desprende de la queja presentada en octubre de 2013 por Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta queja, cuya copia tiene Proceso, el centro recuerda que existen 176 áreas naturales protegidas en el país, que abarcan un total de 25 mil 387 hectáreas. Existen 120 que no tienen ningún “programa de manejo”.
Algunas de ésas pueden ser afectadas por las actividades de extracción de hidrocarburos, como Janos, Cascada de Basaseachic, Cumbres Majalca, Médanos de Samalayuca, Papigochic, Campo Verde y Tutuaca (Chihuahua); los distritos nacionales de riego 026, en Bajo Río San Juan, y 031 Las Lajas de la Sierra Arteaga (Coahuila y Nuevo León); así como la Laguna Madre y Delta del Río Bravo, en Tamaulipas. (Jenaro Villamil/Proceso)
Daño ambiental
El fracking generará los siguientes efectos adversos:
• Uso de millones de litros de agua
• Contaminación de las fuentes de agua
• Contaminación del subsuelo
• Deterioro de la calidad del aire
• Aceleración del cambio climático
• Uso de grandes cantidades de energía para el transporte
• Problemas por la inexistencia de mecanismos satisfactorios para la eliminación de residuos
Se ponen en riesgo además:
• La agricultura
• La ganadería
• El manejo forestal comunitario
• Los esquemas de pagos de servicios ambientales e hidrológicos
• La conservación de los ecosistemas en el país
En peligro
Chihuahua
• Janos
• Cascada de Basaseachic
• Cumbres Majalca
• Médanos de Samalayuca
• Papigochic
• Campo Verde
• Tutuaca
Coahuila y Nuevo León
• Distrito nacional de riego 026 Bajo Río San Juan y 031 Las Lajas de la Sierra Arteaga
Tamaulipas
• Laguna Madre
• Delta del Río Bravo