Martha Elba Figueroa
El Diario/Corresponsal
Distrito Federal— La Cámara de Diputados analiza una iniciativa para sancionar con multas de hasta cinco mil días de salario mínimo y reducciones en la ministración de recursos a las escuelas privadas o públicas que no instalen bebederos con suministro de agua potable.
La propuesta, presentada por el diputado federal Ricardo Astudillo del PVEM y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, destacó que en México el consumo de refrescos per cápita es de 163 litros al año, lo que coloca al país en uno de los principales consumidores en el mundo, incluso por encima de Estados Unidos.
Además, resaltó el diputado en el documento, “el costo de una botella de agua potable en México puede ser igual e incluso mayor que el de una botella de refresco, por lo que para los habitantes de localidades a las que no llega el agua potable resulta más razonable en términos económicos hidratarse con un refresco que con agua simple, situación que resulta inaceptable y que requiere la oportuna intervención del Estado”.
La propuesta plantea adicionar el artículo 75 de la Ley General de Educación para establecer como infracción de los prestadores de servicios educativos, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares.
Aunado a ello, propone una sanción de hasta cinco mil días de salario mínimo, o bien, “la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente”.
Para el caso de las escuelas públicas que no cumplan con la instalación de bebederos en sus planteles, a pesar de haber sido beneficiadas con la asignación de presupuesto para tal efecto, sugiere adicionar un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa para que la Secretaría de Educación Pública pueda determinar reducciones en la ministración de recursos a dicho plantel, de manera que se incentive el correcto ejercicio de los presupuestos asignados.
El legislador federal recordó que se han realizado modificaciones a la Ley General de Infraestructura Física Educativa que representan un avance significativo en el combate de la obesidad y el sobrepeso.
“No obstante es necesario establecer sanciones que permitan cumplir cabalmente con el espíritu de la reforma y se garantice la existencia de bebederos suficientes, con suministro de agua potable en cada escuela, sin importar si es pública o privada”, advirtió.
Explicó que las reformas a ese ordenamiento se llevaron a cabo considerando que México enfrenta un serio problema de salud pública por enfermedades relacionadas con el poco adecuado estilo de vida, caracterizado por falta de activación física y mala alimentación.
Actualmente ocupamos el poco honroso primer lugar en cuanto se refiere a los países con mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso en su población, lo cual ha sido calificado como el principal factor de riesgo que existe para contraer enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y varios tipos de cáncer”, refirió.
Ante la magnitud del problema, continuó, en los últimos años se habían propuesto medidas para transformar esta situación que pone en riesgo la viabilidad del sistema de salud y amenaza con colapsarlo si no se generan cambios significativos al respecto.
Asimismo, señaló que las políticas implementadas para revertir el problema no han producido los resultados deseados y aumentó la cifra de personas con sobrepeso y obesidad, lo que en próximos años puede afectar la calidad de vida de la población y representar una carga financiera para el Estado.
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