Agencia Reforma
2014-04-17
Distrito Federal– A dos semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión tiene pendiente discutir 14 iniciativas enviadas por el Presidente Enrique Peña Nieto.
En el Poder Legislativo no sólo están atoradas las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, sino también las de competencia económica, con las que se busca prevenir, investigar, combatir y perseguir las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras a la libre concurrencia.
En la lista de leyes atoradas también está la reforma a los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución en materia de seguridad social universal, la cual es una promesa de campaña del Primer Mandatario, que prevé proteger los derechos de los adultos mayores.
La iniciativa más rezagada, enviada en septiembre de 2013, es la reforma a la Ley de Salud para precisar mecanismos que garanticen la viabilidad financiera del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).
Ahí se establecen los regímenes estatales, las responsabilidades del Ejecutivo federal y de los Gobiernos de los estados en la coordinación, planeación, operación y fiscalización de las acciones en la materia y el destino de los recursos e indicadores de evaluación.
También está pendiente en el Senado la reforma al Código Penal Federal para endurecer las sanciones por el delito de desaparición forzada de personas, al aumentar penas de hasta 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días multa a quienes lo cometan.
Además, una al sistema del seguro social de las Fuerzas Armadas, la cual establece disposiciones de carácter militar en materia de tratamiento médico por SIDA, y la propuesta de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la cual ayudará a concretar los juicios orales.
Por su parte el Ejecutivo federal tiene pendiente la publicación, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de 10 decretos enviados por diputados y senadores entre los meses de marzo y abril de este año.
Entre estas legislaciones se encuentra la regulación de la iniciativa ciudadana y preferente, la cual fue apenas aprobada por el Congreso y enviada al Ejecutivo el pasado 9 de abril.