Rolando Herrera
Agencia Reforma
Distrito Federal— Los Gobiernos estatales contratan publicidad de manera opaca, arbitraria, indiscriminada y con la intención de influir en la línea editorial de los medios de comunicación que obtienen esos convenios, denuncia la organización Artículo 19.
En su “Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas 2013, la agrupación revela que de 5 mil 376 millones de pesos ejercidos en 2012 en propaganda se desconoce el destino de 2 mil 833 millones de pesos, esto es, el 53 por ciento.
En el análisis también participó Fundar Centro de Análisis en Investigación A.C.
“Este uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales.
“Se distribuye principalmente conforme a criterios políticos e intereses privados, y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, una práctica definida como censura sutil o indirecta”, advierte.
El estudio pone como ejemplos los casos del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien en 2013 lanzó una intensa campaña publicitaria con motivo de su primer Informe de Gobierno, que le permitió promover su imagen más allá de su estado; así como el del delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien tapizó la Ciudad de México de espectaculares con su fotografía.
“La publicidad oficial se ha convertido en un instrumento de propaganda y una plataforma política de funcionarios públicos”, establece el índice, coordinado por Ana Cristina Ruelas Serna y Justine Dupuy.
Este es el tercer estudio realizado por Artículo 19 para conocer el gasto público destinado a publicidad oficial y se basa en las respuestas que las propias dependencias dan a las solicitudes que les son formuladas vía la ley de transparencia.
De los gobiernos que respondieron a la investigación, Nuevo León fue quien en 2012 gastó más en propaganda al destinar mil 283.7 millones de pesos, seguido por Coahuila con 948.3 millones, Chihuahua con 554.2 millones, Yucatán, con 375.3 millones y Oaxaca con 238.1 millones.
La investigación consigna que el panorama en transparencia gubernamental es ambivalente, pues mientras un mayor número de estados respondieron a la solicitud, hubo otros, como el Estado de México, que en esta evaluación se negaron a entregar lo solicitado.
“Como reflejo a estos resultados se describe un entorno de fragilidad en el derecho de acceso a la información derivado de la falta de una política pública que garantice la accesibilidad, relevancia, confiabilidad de la información pública en materia de publicidad oficial”, indica.