El Universal/AP
2013-10-24
Distrito Federal— México prohibió la instalación y operación de máquinas tragamonedas en el país, al tiempo que limitó la extensión del permiso para operar casinos.
Por medio de un decreto, el presidente Enrique Peña Nieto modificó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para prohibir a permisionarios ceder los derechos a terceros; prohíbe también las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades, y establece que los nuevos permisos para casinos podrán ser de uno a 25 años.
En las pasadas administraciones aquellos que lograban un permiso ante Gobernación tenían la posibilidad de rentarlo o dividirlo a otras empresas, lo que en los últimos años significó ganancias multimillonarias.
El Casino Royal de Monterrey, Nuevo León, fue operado por cuatro empresas antes de ser atacado por la organización criminal de “Los Zetas” en agosto de 2011. Las empresas son: Atracciones y Emociones Vallarta, Entertainment Enterprises of Mexico, Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, y Ferrocarril Endig.
Los cambios, que entraron en vigor ayer, señalan que la Dirección General de Juegos y Sorteos de Gobernación podrá sancionar con la cancelación de la concesión a quien caiga en prácticas irregulares, además de que los nuevos permisos no podrán ser de más de 25 años.
Queda prohibida la operación de máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades (para apuestas mediante la inserción de dinero, ficha, dispositivo electrónico o cualquier objeto de pago, con la finalidad de obtener un premio no determinado de antemano).
Las máquinas tragamonedas, dispositivos a través de los cuales una persona introduce dinero para intentar obtener un premio en efectivo, han proliferado en los años recientes en el país y ahora pueden verse hasta frente a tiendas. Los juegos de video operados con monedas no entran en la prohibición.
De acuerdo con información de la Dirección General de Juegos y Sorteos –que en julio pasado entregó a la Cámara de Diputados– calcula que en el país existen entre 70 y 75 mil máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina en la República en los llamados “minicasinos” instalados en pequeños establecimientos mercantiles como tiendas de abarrotes y farmacias.
Sin embargo, en el pasado, Gobernación emitió permisos para la operación de máquinas tragamonedas, que siguen vigentes bajo el principio de la no retroactividad de la ley.
La Secretaría otorgará los permisos una vez que haya valorado los requisitos correspondientes que establece el reglamento emitido por el ex presidente Vicente Fox en septiembre de 2004.
En el caso de permisos para la instalación de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números o símbolos, así como para hipódromos, galgódromos y frontones, podrá tomar en consideración la opinión del Consejo Consultivo adscrito a la dependencia.
En el texto se precisa que los permisionarios no podrán otorgar créditos directa o indirectamente a los apostadores, y que las operaciones serán en moneda nacional.
En el reglamento hasta ayer vigente, se establecían las bases para tramitar permisos de instalación de juegos y sorteos.
Ven avances
El Congreso de la Unión y representantes de casinos establecidos en México coincidieron en que las modificaciones al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteo –emitidas por el Ejecutivo Federal– son un avance en la lucha contra la corrupción, la ilegalidad y clandestinidad en el sector.
Para la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y de Juegos de Apuestas de México (AIEJA), los cambios, como prohibir las máquinas tragamonedas, no son retroactivos y sólo podrán operar las que ya cuentan con permiso de la Secretaría de Gobernación.
Mientras que integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión consideraron que si bien el nuevo reglamento impone “candados” que permitirán dar certeza jurídica en el sector y combatir las casas de apuesta que operan de manera ilegal en el país; también es urgente legislar una nueva ley para regular mejor y transparentar esta actividad.
“Nosotros vemos que clarifica que quienes pueden seguir trabajando en la industria son quienes tienen permiso de Gobernación, conforme a las normas del Reglamento, y cierra la puerta a los llamados casinos similares que trabajan en la clandestinidad”, aseguró Miguel Ángel Ochoa, presidente de la AIEJA.
El representante de permisionarios en el país destacó la prohibición de las máquinas tragamonedas, y que sólo las terminales de juego de apuesta que están en los casinos, con permiso de Gobernación sí pueden operar.
Ochoa recordó que en el país hay cerca de 90 mil máquinas tragamonedas con licencias de Gobernación, y con estas modificaciones se combatirá a las máquinas ilegales fuera de casinos que, según sus cálculos, son más de 200 mil (contra las 75 estimadas por las autoridades). La norma señala que los permisionarios no podrán ceder los derechos a terceros ni celebrar convenios que permita a otra empresa la operación del establecimiento.
Por separado, integrantes de la comisión especial para investigar el Otorgamiento de Permisos para Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados consideraron “positivos” los candados decretados por el Ejecutivo, pero aseguraron que aún son insuficientes, por lo que buscarán aprobar una ley.
El presidente de la comisión, Ricardo Mejía (Movimiento Ciudadano), explicó que la nueva ley, que trabajan con Gobernación, incluirá la prohibición de máquinas tragamonedas y revisará a fondo el régimen legal de juegos y sorteos. Informó que actualmente hay 32 permisos otorgados que ampararían la operación de 775 establecimientos, pero hoy están funcionando 400 casinos y comentó que hay otros 50 que funcionan de manera irregular porque están tolerados o amparados.
El vicecoordinador del PRI Héctor Gutiérrez coincidió en que hace falta una ley actual. “Es indispensable una Ley de Juegos y Sorteos, porque la que tenemos data de 1947 y no ha tenido modificaciones, ya tiene 66 años la ley y es momento de tener una nueva legislación”.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Aurora Aguilar coincidió en que se necesita una nueva legislación en esta materia y para ello se trabaja en coordinación con el encargado de la política interna, Miguel Ángel Osorio Chong, con el fin de transparentar y regular la actividad de casinos.
Para integrantes de la Comisión de Gobernación del Senado, al poner candados al sector, el Ejecutivo introduce certeza jurídica en lo que apunta hacia un equilibrio entre control legal, protección del empleo, seguridad del público y la sociedad. (El Universal/AP)