Marcela Turati
Proceso
Distrito Federal— Alfonso Moreno Díaz extiende sobre la mesa de su oficina un mapa que muestra los caminos rurales, semidesérticos, que se abren paso como várices por extensas tierras deshabitadas –y salpicadas de pueblos casi fantasmas– entre Nuevo León y Tamaulipas. Un círculo señala el tramo de estas carreteras que cruzan territorio zeta donde fue capturado su hijo, el ingeniero Alejandro Alfonso Moreno Baca, y en el que han desaparecido más de 220 personas.
“Este es el ‘Triángulo de la Muerte’: las carreteras que unen Nuevo Laredo, Reynosa y Monterrey, donde las organizaciones civiles han contado más de 200 desaparecidos de 2010 a 2012. Son muchos más si sumamos a los de todo el noreste (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila)”, dice este hombre, quien junto con su esposa Lucía se ha dedicado a buscar a su hijo desde el 27 de enero de 2011.
Una de las brechas se hizo famosa porque Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z-40’, la recorría aparentemente con un solo escolta. Al momento de su aprehensión intentaba llegar a Anáhuac, Nuevo León. Sabía que hasta la caseta de Sabinas Hidalgo el camino estaba libre de obstáculos.
En medio de ese triángulo la tierra está sembrada de huesos y regada con sangre. Sus huizaches ocultan ranchos que tienen a narcotraficantes como nuevos propietarios, ayudados por notarios y pistoleros. Esconde campos de entrenamiento para sicarios y galerones donde ocultan a seres humanos que utilizan como si fueran mercancía.
Por aquí son capturados cada tanto asesinos seriales, se encuentran complejos equipos de comunicación y algunas veces instalaciones para la disolución de cadáveres (las “cocinas”, como las nombran los judiciales).
Durante años, de día y de noche un ejército de sombras a las órdenes del Z-40 se ha dedicado a capturar personas para reclutarlas en sus ejércitos, quedarse con sus vehículos, reducirlas a la esclavitud, castigar a sus objetivos o imponer el terror.
Por eso cuando se difundió la noticia de la captura del líder de Los Zetas, el señor Moreno se comunicó con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación: “Pedimos que digan dónde quedaron los desaparecidos, los lugares donde los tienen trabajando, dónde dejaron a la gente”, dice.
La súplica de la familia Moreno-Baca es la misma que hacen cientos de familias.
Caseta fatal
Al día siguiente de la caída del capo, la religiosa Consuelo Morales, quien dirige la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), que acompaña a familiares con desaparecidos en Nuevo León, pidió que se interrogue al capo sobre el paradero de los capturados en sus dominios. Un clamor que también hizo suyo la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y De México, surgida en 2009, cuando los asesinatos y las desapariciones forzadas en el noreste se convirtieron en epidemia.
En las tasas de desapariciones por habitante que maneja la PGR, los municipios tamaulipecos destacan como verdaderos hoyos negros. Entre los 30 lugares más peligrosos están Mier, Guerrero, Camargo, Matamoros, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Ciudad Madero y Valle Hermoso. También la ramificación zeta de Torreón, Coahuila.
Según datos de los demógrafos de Geo-México, hasta 2010 Mier, Guerrero y Miguel Alemán, en Tamaulipas, y los nuevoleoneses General Treviño, Doctor Coss y General Bravo, cercanos a Tamaulipas, forman parte de los municipios con mayores tasas de asesinatos.
La disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, así como la incursión de las fuerzas federales provocaron éxodos masivos. En Ciudad Mier, por ejemplo, se cometieron 2 mil 013 homicidios por cada 100 mil habitantes y su población se redujo de 6 mil 539 a 4 mil 768, todo hasta 2010.
Cuando se supo que El Z-40 fue capturado vivo palpitaron los corazones de muchos familiares de desaparecidos en “zonas zeta”, muchos de ellos fuereños que recorrían las carreteras del llamado “Triángulo de la Muerte” y nunca llegaron a su destino.
Organizaciones de derechos humanos y de familiares, como las ya mencionadas, pero también el Centro Gerardi, la Fundación para la Justicia, el Movimiento por la Paz y el Centro Victoria Diez, así como la red de albergues de migrantes tienen registradas en sus bitácoras cientos de denuncias por desaparición en los territorios que Treviño controlaba.
En algunos casos, como en el de las carreteras, los patrones son similares. Más de una decena de personas fueron secuestradas al cruzar la caseta de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde desapareció el ingeniero Moreno Baca. El 21 de enero de 2011 desaparecieron ahí dos deportistas de Monterrey que iban a comprar tenis para un maratón: Miriam Guadalupe Alemán y Perfecto Guzmán Campos.
El 22 de febrero siguiente fueron dos jóvenes de Monterrey que iban de compras a Nuevo Laredo. Dos días después se esfumaron en la zona los tapatíos Juan Jiménez Díaz, Mauricio Jiménez Cervantes, Juan Manuel Covarrubias Cerna, Luis Esteban Díaz Escobar y José Robledo Botello.
El 1 de marzo fue Ismael Valenzuela, un estudiante de ingeniería de sistemas. En agosto las víctimas fueron cuatro jóvenes de Guanajuato con residencia en Estados Unidos: Javier y Saúl Téllez Durán, Mauricio Mendoza Lara y Gabriel Durán López.
El 23 de septiembre desapareció el joven chofer José Adolfo Fermín Hernández con todo y su camión. La lista se siguió engrosando en 2011, 2012 y hasta este momento. “En esa zona se perdió mucha gente, tienen que interrogar a los jefes que están en el penal”, pide un tío de José Adolfo.
A pesar de que CADHAC y Fundec documentaron desapariciones desde 2010 en esas zonas, las autoridades no reaccionaron a la emergencia. Todavía hoy funcionarios federales se niegan a entregar información, solicitada por la Ley de Transparencia, sobre lo ocurrido en esos caminos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que no tiene registros. Sólo hay datos sueltos.
A partir de una solicitud de información realizada por este semanario, el Ejército informó que de 2011 a 2013 encontró 103 fosas comunes en el noreste mexicano, territorio zeta, la mayoría en Tamaulipas, 10 en Nuevo León y cinco en Coahuila. Tan sólo las de Tamaulipas contenían 269 cadáveres, aunque en varios casos el número de cuerpos no se pudo precisar.
El reporte también menciona el descubrimiento de entierros clandestinos en San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Veracruz, también disputados por el cártel mencionado.
una mirada al submundo
La violencia que domina en el noreste hizo que pronto se encontraran las familias que buscan a sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos en carreteras tamaulipecas. Han pasado por el mismo peregrinaje: peinaron montes, recorrieron carreteras y brechas, esquivaron halcones del narco, visitaron morgues y acudieron a las procuradurías, la Marina, el Ejército, las policías, diversos informantes, videntes y organizaciones de derechos humanos.
“En CADHAC conocimos (a otros familiares de víctimas), nos dimos cuenta que fue en la misma carretera”, dice Lucía Baca. Luego muestra un cartel con los datos de su hijo Alejandro Alfonso, quien desapareció cuando conducía un Mazda 3 rojo, con placas 187VCT del Distrito Federal.
En un video que la pareja consiguió se ve el automóvil en la autopista 85D pasando la caseta de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, con rumbo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a las 20:54 horas del 27 de enero de 2011. Por sus investigaciones saben que pagó en efectivo, el nombre de la cajera y las coordenadas que marcaba su teléfono celular.
La última ubicación fue en Vallecillo, donde cruzó la carretera intermunicipal 26 a Palo Alto. Por lo que hoy se sabe, esa era la ruta habitual del líder de Los Zetas y boca del infierno.
La pareja Moreno Baca cuenta lo que vio de ese submundo después de buscar a Alejandro en hospitales, agencias ministeriales, edificios públicos y bases de fuerzas de seguridad:
“Un comandante de la Policía Federal de Caminos en Nuevo Laredo dijo: ‘Señora, no se preocupe, a su hijo se lo van a devolver en tres meses y el carro por ahí va a estar circulando’”, recuerda la madre. “Nos dimos cuenta de lo peligrosa que era esa carretera porque ahí quedan vehículos accidentados. En la presidencia de Sabinas Hidalgo, municipio a donde llevan a los heridos, un guardia, asustado, nos atendió y nos dijo: ‘Nomás les abro porque veo que son familia; si trajeran policías municipales, no’. Íbamos avanzando, viendo, y nos aterraba lo que escuchábamos. La gente nos decía: ‘No se metan más porque no saldrán con vida’.”
Meses después en esa zona acribillaron a unos policías federales que el gobierno envió para comenzar los operativos. Posteriormente otros dos fueron degollados.
Por notas periodísticas se han enterado de que en esa región se descubrieron campos de entrenamiento para sicarios, ranchos con arsenales y casas de seguridad con cientos de personas esclavizadas. Los Moreno Baca, como muchas familias, tienen esperanza de que Alejandro Alfonso esté vivo, trabajando con otros ingenieros secuestrados en esas zonas.
Según información obtenida mediante la Ley de Transparencia, desde 2009 hasta febrero de 2013 han sido liberados 2 mil 352 secuestrados en 531 operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra el crimen organizado. De éstos, 146 se realizaron en Tamaulipas, donde se rescató a mil 111 personas.
También se encuentran en la lista municipios de Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tabasco y San Luis Potosí, a donde llegan los brazos del cártel fundado por exmilitares de élite.
Un funcionario que hace investigaciones en Tamaulipas y que por obvias razones pide no publicar su nombre, señala que Los Zetas cuadriculan su territorio “por franjas”.
En cada una colocan a un líder y él crea sus propias estructuras de control, cuenta con sus escoltas, contador, halcones, sicarios y alguien dedicado a desaparecer gente.
Aunque los padres de familia han pedido que se interrogue a los “jefes de plaza” capturados, quienes generalmente mencionan que no recuerdan a sus víctimas, tienen esperanza de que Treviño tenga más información.
No sólo son las víctimas del Triángulo de la Muerte. También los desaparecidos en otras carreteras, como Natanael Arturo y Josué Arcel Román García, hermanos defeños que viajaron a McAllen a comprar ropa de bebé y antes de desaparecer alcanzaron a enviar por celular un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hagas nada, si llega a pasar algo sólo avísale a mis papas. Me metieron en la cajuela. No me vayas a llamar ni nada”.
O los poblanos Hugo y Moisés Juárez Martínez, y Jesús Asunción Montiel, quienes el 6 de noviembre del año pasado desaparecieron entre Soto La Marina y Aldama, Tamaulipas, cuando regresaban a casa con camionetas recién compradas que revenderían.
“A las 3:19 de la tarde mi esposo me dijo que habían tardado en la garita, que ya habían pasado tres retenes, que estaban pasando la terracería por Soto La Marina. Estuvimos esperando todo el día que llegaran pero los teléfonos sonaban como fuera de servicio y ya no supimos de ellos”, dice Rubí Ascensión, quien tiene parentesco con los tres, como hermana, esposa y cuñada.
Lo mismo le ocurrió al joven Andrés Asención González y su amigo Braulio Hernández, quienes desaparecieron en La Ribereña o la Carretera de la Muerte, que bordea Texas, el 27 de marzo de 2011.
“A las 9 de la noche mi hijo me llamó a la casa, que ya había llegado a Nuevo Laredo, pero tenía 15 minutos que lo había agarrado un retén. Escuché que Braulio le dijo que acelerara, le pregunté qué pasó, me dijo ‘nada’ y colgó. A la fecha hemos andado de arriba abajo, los hemos buscado, no sabemos nada de ninguno”, dice su madre, María Ignacia González Vela. (Marcela Turati/Proceso)