Milenio
2013-05-01
Chilpancingo─ Por la mañana, elementos del Ejército mexicano detuvieron a más de 50 policías comunitarios que trasladaban a varios presuntos delincuentes hacia la Casa de Justicia ubicada en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres.
Horas antes, en la comunidad de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, un integrante de la Policía Civil y Popular fue detenido por personal de la Marina Armada, ya que no pudo acreditar la propiedad de la camioneta en que se trasladaba.
Ambos hechos fueron calificados por Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, como actos de hostigamiento contra este sistema de seguridad que opera fundamentalmente en poblaciones indígenas.
Arturo Campos encabezó un grupo de policías comunitarios que uniformados, pero sin armas de fuego, participaron en la marcha que el magisterio disidente realizó este primero de mayo en Chilpancingo.
En la plaza central, dio a conocer que la jornada del martes, los elementos de la Marina asumieron el rol de agentes de tránsito y alrededor de las 22:00 horas instalaron un puesto de revisión, en el que detuvieron al policía comunitario Julio César Pantaleón Mondragón, lo que calificó como una irregularidad.
“Se lo llevaron al Ministerio Público y ahí lo tienen resguardado, pese a que tiene credencial como policía comunitario y se acreditó como tal”, indicó Gonzalo Molina.
Respecto a las unidades interceptadas en la Costa Chica, dijo que se trata de cuatro unidades con poco más de 50 comunitarios, los que la noche del martes habían realizado un operativo y llevaban varias personas detenidas.
Esta mañana fueron interceptados por soldados del Ejército mexicano y retenidos durante varias horas, hasta que su coordinadora se comunicó con el mando castrense para solicitar su liberación.
A estos hechos se suma la denuncia penal que el ayuntamiento de Tixtla presentó en contra de Pastor Coctecón Plateado, a partir de la retención de cuatro policías preventivos a manos de la comunitaria que opera en Acatempa.
“Nosotros le pedimos al ayuntamiento de Tixtla que se sujete a lo que establece la ley, que no cometa más errores y que no ataque un sistema de seguridad que ayuda en mucho a resolver el problema de la criminalidad. El alcalde no debe ser parte de la campaña de hostigamiento que hay contra las comunitarias en el país”, manifestó Gonzalo Molina.