Martha E. Figueroa
El Diario/Corresponsal
Distrito Federal– La Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas normas con el fin de que la federación atraiga los delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
La federalización de los delitos contra periodistas se concretó con modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, así como a las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.
De acuerdo con la reforma aprobada, la víctima podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación cuando existan indicios de que en el agravio hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; cuando en la denuncia la víctima hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal, así como cuando se trate de delitos graves.
Además, cuando la vida o integridad física del ofendido se encuentre “en riesgo real”; cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate; cuando los delitos impacten de manera trascendente el ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta; cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
Finalmente, cuando el delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas; o cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
En caso de que la autoridad se niegue a atraer el caso, se podrá interponer un recurso de reconsideración.
De acuerdo con el informe “Doble asesinato entre la impunidad y la violencia”, dado a conocer por la organización internacional Artículo XIX, tan sólo en el 2012, se registraron 207 agresiones contra el gremio, 35 más que en 2011.
La organización documentó que cuando menos en la mitad de los casos las agresiones provienen de las autoridades estatales, municipales y federales, tres veces más que las registradas por parte del crimen organizado.
Además, se documentaron los casos de periodistas que ante la incapacidad de los gobiernos de dar garantías para ejercer su trabajo tuvieron que abandonar su estado, región e incluso país, en lo que se ha calificado de un “desplazamiento forzado”, que en 2012 ascendió a 31 comunicadores.
Tan solo la madrugada de ayer, el periódico Vanguardia reportó que fueron encontrados los cuerpos mutilados de dos hombres, uno de ellos fotógrafo de esa casa editora “a quienes sin investigación ni pruebas de por medio, ni siquiera con el levantamiento de testimonios, la autoridad estatal ya los señaló desde anoche como miembros del crimen organizado”, según acusó el propio medio de comunicación.
De acuerdo con las reformas aprobadas al Código Penal Federal “cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito”.
En el caso anterior, se establece, aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito.
Durante la presentación del dictamen aprobado con 451 votos a favor, cero en contra y una abstenciones, los legisladores federales de todos los partidos coincidieron que la actividad periodística en México “es de las más peligrosas del país”.
A partir de esta aprobación, el presidente Enrique Peña Nieto contará con 180 días naturales para expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a efecto de establecer la unidad administrativa que conozca de los delitos federales cometidos contra algún periodista, persona o instalación que atenten contra el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
En tanto se expiden las adecuaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República al que se refiere el artículo transitorio anterior, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República ejercerá las atribuciones establecidas en el presente Decreto.
Al respecto, el coordinador de los diputados federales del PRI por Chihuahua, Pedro Domínguez Zepeda, recordó que los últimos reportes emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que en los últimos 12 años han sido 626 las agresiones, aproximadamente, que se han dirigido a periodistas y medios de comunicación
Además, son más de 50 periodistas los que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión y más de 11 en calidad de desaparecidos.
“Estas reformas buscan proteger los derechos fundamentales, los más elementales de los seres humanos, la libertad de expresión, de opinión y también el derecho que tenemos como miembros de una sociedad a recibir una información”, consideró el chihuahuense.
Estas acciones violentas, dijo, afectan a los medios de comunicación y periodistas, pero también nos afectan como sociedad y Estado democrático, porque un Estado donde no hay libertad de expresión es un estado que carece de la democracia.