Exige Vanguardia demostrar presunto nexo de fotógrafo asesinado con cárteles

Agencias

Saltillo— El diario Vanguardia de Saltillo lamentó el asesinato de Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años, fotógrafo en el área informativa de Sociales, y emplazó a las autoridades a que de inmediato comprueben que estaba vinculado con el crimen organizado, como lo advirtió la Procuraduría General de Justicia el miércoles por la noche en un comunicado.

Martínez desapareció la tarde del martes 23 y su cadáver fue encontrado junto al de Julián Alejandro Zamora Gracia, de 23 años, alumno de ingeniería plástica en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) y practicante en una empresa del municipio conurbado de Ramos Arizpe. Los cuerpos estaban mutilados.

La procuraduría dijo que el hallazgo de los cadáveres fue alrededor de las 2:00 horas del miércoles en la esquina de Arco Suizo y Alejandrina, en la colonia Miravalle, al sur de Saltillo, y advirtió que junto a los restos aparecieron carteles que involucran a los fallecidos con el crimen organizado.

“Junto a los cuerpos había dos mensajes que hacen alusión directa a que ambas personas habían pertenecido y desertado a una organización criminal”, dijo la procuraduría.

Al respecto, en su nota principal de este jueves, Vanguardia reprobó que “sin investigación ni pruebas de por medio”, el gobierno de Coahuila “ya los señaló desde anoche como miembros del crimen organizado”.

Dijo que “contrario al procedimiento que efectúa, incluso para el cual solicita el apoyo de los medios de comunicación, en el documento de anoche la PGJE interpreta irresponsablemente los cartelones afirmando que ambos hacen ‘alusión directa’ a que las víctimas habían sido miembros y desertaron del crimen organizado”.

Vanguardia exigió “a las autoridades militares, federales, estatales y municipales una investigación a fondo. De la misma, se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico”, pues “nos parece triste y alarmante que Coahuila se convierta en un estado en el que la autoridad condene a personas asesinadas, convirtiéndolas en delincuentes, sin que para esto ofrezca el mínimo de pruebas o argumentos”.