El Universal
2013-04-12
Chilpancingo— El gobernador Ángel Aguirre Rivero instruyó a las áreas de seguridad pública y procuración de justicia a ser cautelosas con las movilizaciones y protestas sociales que se desarrollan en la entidad, y sobre todo que ningún elemento policiaco acuda armado ante cualquier contingencia durante una protesta.
Durante la última reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad y Justicia, celebrada en la residencia oficial de Casa Guerrero, el mandatario estatal ordenó a los responsables de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Guillermo Jiménez Padilla, y a la procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal, ser cautelosos con la atención de las movilizaciones que realizan maestros disidentes y organizaciones sociales.
En esta reunión se reconoció que la persona armada que fue detenida por los maestros el pasado miércoles, durante su movilización, es un elemento activo de la policía ministerial, de nombre Guillermo Galindo Calleja, y se acordó separarlo de su cargo e iniciarle un procedimiento administrativo por desacatar los protocolos de seguridad frente a una movilización.
El gobernador ordenó que ningún elemento de las corporaciones policiacas de la entidad deberá acudir armado a ninguna de las movilizaciones o marchas que realicen grupos sociales y los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
A su vez, la procuradora General de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal, de igual manera, instruyó al titular de la Policía Ministerial, general Marcos Esteban Juárez Escalera, para que ningún elemento a su mando acuda vestido de civil, ni mucho menos armado, a ninguna de las movilizaciones.
En la reunión se informó que el policía armado Galindo Calleja había acudido a una sucursal bancaria al zócalo de Chilpancingo, cuando fue sorprendido por los maestros con el arma de fuego a su cargo.
El elemento ministerial estaba comisionado por la PGJE en la ciudad de Tlapa, a la custodia y seguridad de la señora Lucía Leyva, viuda del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, a quien la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos había solicitado medidas cautelares y de respeto a su integridad física.