Santiago Igartúa
Proceso
Distrito Federal— El octavo día de enero, cumplido un mes del mandato de Enrique Peña Nieto –para quien la educación fue tema central para posicionar su Gobierno–, la administración federal propagó la noticia: A través del informe RVOE Federales y Programa de Fomento a la Calidad de las Instituciones Particulares se descubrió que durante los últimos seis años la Secretaría de Educación Pública (SEP) encubrió a universidades privadas, popularmente denominadas 'patito', responsables de impartir 7 mil 84 programas de licenciaturas, maestrías y doctorados que no cumplen con la calidad mínima requerida para su certificación.
Según el documento, esos más de 7 mil programas educativos, equivalentes a 45.6% de las opciones de estudio de nivel superior en el sector privado, avalados por la SEP, fueron sancionados. Sin embargo sólo se retiró el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores (RVOE) a 921 programas durante ese periodo. En ninguno de los casos, entre sancionados y cancelados, se dio a conocer la lista de las instituciones que los imparten, violando el artículo 56 de la Ley General de Educación.
El pasado 11 de enero el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, dijo al respecto: “Estamos haciendo el estudio correspondiente a ese tipo de escuelas, que sí las hay (...) reconozco públicamente que sí hay escuelas 'patito', escuelas que no cumplen con sus obligaciones y que tendrán que someterse a los criterios de evaluación que el INEE establezca”, dijo en el Foro México 2013, Educación y Formación de Capacidades para el Trabajo Productivo, auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A pesar de considerarlas un “fraude” educativo, el funcionario se rehusó a dar a conocer la lista, alegando que sería poco respetuoso con los maestros y estudiantes de las escuelas señaladas. “Aún no hay un diagnóstico de esas escuelas, tenemos resultados prácticos. Cuando hagamos las evaluaciones, las escuelas 'patito', las que estén mal, tendrán que enfrentar consecuencias jurídicas”, advirtió.
Exhibido el fraude, expandidas las universidades sin rango, el 23 de enero los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, publicaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en el número 3693-III de la Gaceta Parlamentaria, donde exhortan a la SEP a difundir de manera permanente en su sitio en Internet la lista de universidades privadas que han sido identificadas por defraudar la calidad educativa.
Distrito Federal— “Esta situación es un claro ejemplo de lo insuficiente que resultó la ‘pseudorreforma educativa’, que dejó sin tocar a las universidades “patito” que defraudan a miles de jóvenes universitarios que salen sin los conocimientos que se requieren, y para los padres que hacen un esfuerzo para que sus hijos tengan estudios universitarios ante la falta de ofertas públicas”, dice el documento.
El dato cobra relevancia, sigue el documento, al considerar que aproximadamente 30% de la matrícula nacional de educación superior -más de 1 millón de jóvenes- estudia en universidades privadas.
“Y no es para menos, cuando recientemente nos encontramos con el hecho que de la educación superior privada sólo 13.8% de las instituciones particulares de enseñanza superior cuenta o está en proceso de tener sus programas evaluados, y cuando 90% de las universidades particulares con RVOE federal, otorgado por la SEP, se ubican en los niveles uno y dos de calidad en una escala de cinco; es decir que funcionan sólo con los requerimientos mínimos que establece la ley”, dicen, haciendo referencia al informe que presentó la SEP.
Política pública
La proliferación de universidades calificadas como “patito” es resultado de una política pública, según especialistas consultados por Proceso. Para ellos, el “promotor” de ese mercado de escuelas de baja calidad es el Estado mexicano.
“El Estado es el principal promotor de este circuito mercantil. Fue el Estado el que le dio condiciones a ese mercado de educación barata al no hacerse cargo de atender la demanda. Con la existencia de ese tipo de escuelas (el Gobierno) se ahorró muchísimo dinero y construyó una vía de escape a la presión que le ejercían los nuevos aspirantes a la educación superior”, explica el investigador de El Colegio de México (Colmex) Manuel Gil Antón.
En el estudio que presentó la SEP se informa que durante la administración de Felipe Calderón se presentaron 11 mil 636 solicitudes para impartir programas educativos de nivel superior con RVOE, de las cuales fueron autorizadas 8 mil 592, más de la mitad de los programas vigentes totales autorizados por la SEP.
A su partida, Calderón se jactó de haber elevado la cobertura en educación superior en 35%, incluidos los programas que la nueva administración de la SEP ha señalado por ser un fraude.
“Es un 35%, pero con qué calidad. Y ahora, según el reporte de Responsabilidad Social de la ANUIES, quieren llegar a 50% en 2020. ¿Así, donde más de la mitad de los programas son un fraude? ¿De qué sirve ampliar la matrícula, atender a mayor proporción de jóvenes, si una parte muy importante está estudiando en instituciones que no tienen RVOE o que si lo tienen son un fraude?”, cuestiona Adrián de Garay, ex rector de la UAM-Azcapotzalco.
– ¿Cómo interpreta esta denuncia al amanecer del sexenio, con la que se exhibe a la administración pasada? -se le pregunta a Gil Antón.
– Viene en la lógica de que el Estado va a retomar la rectoría de la educación. Es una crítica a la pasada gestión, pero no se ha convertido en una nueva política con respecto a esas instituciones (patito). De entrada (la administración de Peña Nieto), tampoco se compromete a nada. Nos deberían haber dado la lista. Chuayffet no la da porque perderían credibilidad social esas instituciones. ¡Necesitan perderla porque son fraudulentas! No se trata de proteger a un particular, sino de proteger su incumplimiento de la ley.
“Lo grave en lo que ha dicho Chuayffet es que aun con el aval gubernamental no hay calidad. Entonces las personas están indefensas. ¿Quieren retomar la rectoría de la educación? Debería haber empezado por cancelar la posibilidad de seguir estudiando en esas escuelas que no necesitan el RVOE para funcionar.
“Cuando descubren que no tienen la calidad suficiente, la acción del Estado es una denuncia, no una clausura y tampoco la apertura de opciones universitarias públicas. El problema no se resuelve. Ha habido instituciones en las cuales habría que fincar responsabilidad penal por engaño. ¿Dónde está la acción de la SEP en eso? Ahí hay un terreno de impunidad. No sólo de quienes ofrecen ese servicio sin calidad, sino de quienes lo aprobaron y lo siguen permitiendo”, dice el sociólogo, quien califica como una tragedia que en México ingresar al sistema de educación superior no garantiza acceder al conocimiento “relevante”.
Urge una reforma legislativa que “impida” que operen esas instituciones, dice De Garay. “Y eso va a la par de invertir muchos millones de pesos para ampliar la oferta como responsabilidad pública. ‘Te voy a cerrar tu universidad, pero junto tengo que construir otra’, para atender a esos miles de jóvenes a los que se les está engañando. Hasta ahora Calderón no hizo más que abrir casi 100 (96) institutos politécnicos y tecnológicos que no están funcionando porque no tienen demanda. En cambio fue vergonzoso ver cómo apoyó al sector con los préstamos para ingresar a esas escuelas. Se cambió un movimiento de rechazados de la universidad pública por uno de futuros endeudados”.
Durante tres semanas Proceso solicitó una entrevista con algún funcionario de la SEP para abordar el tema. Dijeron estar ocupados en otros asuntos. La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), organizaciones calificadas para la certificación de la educación superior, también declinaron hablar con el reportero.
Licenciaturas al vapor
Con un cartel inmenso en la entrada de su plantel Xola, donde aparecen un hombre y una mujer con un felino en medio y la leyenda “los alumnos de la Universidad Insurgentes (Uin) son como el jaguar”. Dicha escuela ofrece “Licenciaturas MAX”: La posibilidad de titularse en administración, contaduría, derecho, psicología, diseño gráfico o pedagogía asistiendo a clases sólo un día a la semana durante tres años.
Pese a que en su centro telefónico informan que el RVOE de esos programas está en “trámite”, la página de verificación de la SEP ya las tiene aprobadas desde noviembre de 2012, último mes de la administración de Felipe Calderón.
En sus 23 planteles se imparten también más de 20 licenciaturas de modelo regular, algunas con la posibilidad de tomar el programa incorporado a la SEP o el que está avalado por la UNAM. La diferencia, dicen, es que este modelo es más exigente. El precio también varía. Salvo algunas excepciones, la mayoría de sus cursos están reconocidos por la SEP con RVOE.
En la Uin también se pueden estudiar maestrías y especialidades. Tienen instalaciones afuera de distintas estaciones de la línea 2 del Metro (entre hoteles de paso y servicios sexuales de mujeres y travestis sobre Calzada de Tlalpan) y desde Chalco hasta en San Ángel, por mencionar algunas. La ubicación dicta el costo de las mensualidades. En sus muros tiene reconocimientos por su calidad y diplomas que la acreditan como miembro de la FIMPES.
Un auto compacto anuncia licenciaturas en trabajo social, psicopedagogía, gerontología y psicología. El número telefónico que se proporciona es del Instituto Mexicano de Psicooncología, que también imparte maestrías y doctorados en derecho, tanatología y psicoterapia transpersonal integrativa (todas con el registro de la SEP, según la página en Internet de la dependencia federal). En un edificio viejo entre las estaciones Ermita y Portales del Metro se ofrecen talleres de hipnosis y autoayuda. No pueden conocerse por dentro las instalaciones hasta no pagar la inscripción.
Según los especialistas, instituciones con condiciones similares a esas consiguen los RVOE por la “laxitud” de las autoridades, por lo que esos registros no son garantía de calidad.
Según la Procuraduría Federal del Consumidor, las universidades “patito” están enfocadas hacia las carreras de mayor demanda, sin necesidad de laboratorios o equipos costosos.
Las investigaciones de Manuel Gil Antón, quien se ha dedicado a analizar este fenómeno, detallan que las escuelas “patito” son instituciones que se manejan como empresas, universidades al vapor donde los estudiantes no son otra cosa que clientes que acuden a ellas en la desesperación de no encontrar lugar en las universidades públicas, rebasada la oferta por la demanda, y los profesores son contratados sin las prestaciones de ley y con sueldos miserables. No hay una inversión en laboratorios ni en infraestructura adecuada.
“La lista de condiciones que tienen que cumplir para obtener el RVOE (personal académico calificado, instalaciones, espacios para deporte, biblioteca, centro de cómputo, etcétera) pocas la cumplen. Y sin embargo, lo obtengan o no, funcionan. Porque si la SEP dijera: ‘Esto no es impartir educación’, entonces tendrían que abrir más espacios en la educación pública. Y entonces fingen.
“Se está cometiendo el peor delito que se puede contra la juventud: una esperanza falsa. Porque les dicen que van a tener educación superior y además que está garantizado por el Estado, que vale en el mercado. Y cuando llegan con ese certificado, no vale o bien es un certificado que por su poco valor genera salarios irrisorios. Y si el programa no tiene RVOE ni siquiera pueden obtener una cédula profesional”, advierte el investigador del Colmex.
De Garay dice que las universidades privadas sin calidad han aprovechado las fallas del Estado y explotan las carencias de los más necesitados. Se establecen en zonas lejanas, donde incluso a los jóvenes que obtienen un lugar en la educación pública les resulta más económico pagar una colegiatura “barata” que viajar cuatro horas diarias en transporte, con los gastos que eso representa y sin la posibilidad de trabajar en su tiempo fuera de clases.
Para el ex rector, las consecuencias de que operen esas universidades son “que estamos formando profesionistas con un perfil profesional bastante deficiente. Ese es un serio problema. Estamos formando jóvenes que no tienen la suficiente capacidad, conocimiento, para desempeñarse en los mercados laborales. Los egresados reciben mucho menos ingresos que los que provienen de las universidades de prestigio, públicas o privadas. Es gravísimo”.
Según especialistas que participaron en el Foro México 2013, auspiciado por la OCDE, garantizar la calidad en las distintas instituciones de educación superior es un asunto de justicia social, pues son las familias de la clase trabajadora las que con mayor esfuerzo pagan una colegiatura “para que sus hijos cursen una carrera universitaria que, sin calidad, se convierte en una simulación”, reportó la organización Educación a Debate, que en su área académica dirige Gil Antón.
Perseguidos por la exclusión, por lo menos la mitad de los estudiantes de bajos recursos que logra acceder al nivel superior se forma en esas universidades “patito”, según cifras publicadas por la propia SEP. El resto acude a instituciones públicas.
Incapaces de atender la demanda, las universidades públicas en México se han vuelto cada vez más selectivas. A las peores escuelas acuden los jóvenes que no tienen condiciones académicas selectivas. “Si tenemos deshecha la educación básica, cómo van a pasar un examen en comparación con chavos bien formados en escuelas privadas. No hay modo. El sector que tiene que acudir a este recurso (de las universidades “patito”) es porque arrastra un bajo nivel cultural, producto de una condición socioeconómica”.
Gil Antón explica que las escuelas “patito” han cooptado una demanda que no es atendida por el Estado. “Porque el sector público lo que dice es: ‘Vente a estudiar a una institución tecnológica una carrera que no quieres’. Los empresarios de la educación advierten esta demanda y lo que abren son planteles educativos a la orilla de una estación del Metro, arriba de una sex shop, ofrecen derecho, contabilidad, psicología, las carreras que son la ilusión de las nuevas clases que llegan a la universidad con esperanza de una vida mejor”.
El fraude al que hizo referencia Chuayffet afecta a los que menos tienen, abusando de la ingenuidad de algunos.
De Garay da un ejemplo: Hay familias en las que se ha hecho una fiesta porque la primera o el primero de los muchachos de la familia ha logrado terminar la prepa, a veces haciendo que los mayores trabajen desde temprana edad para apoyar al más listo, y se echa la casa por la ventana porque tienen por fin alguien que puede ir a la universidad. Y si lo rechazan de las universidades públicas se genera una enorme frustración, dejando como única opción entrar a este mercado. La iniquidad social se ahonda a través de la desigualdad educativa”, concluye el ex rector. (Santiago Igartúa/Proceso)