El Diario
2013-02-07
Distrito Federal— La Cámara de Diputados analiza una iniciativa para sancionar hasta con tres años de prisión y multa por 300 días de salario mínimo, a quien cobre cuotas en escuelas públicas de nivel básico o medio superior.
De acuerdo con el diputado federal del Partido Verde, Tomás Torres Mercado, impulsor de la propuesta, se debe garantizar la gratuidad de la educación, sin que se imponga una carga a quienes voluntariamente otorguen una cantidad de dinero.
“Para nadie es un secreto el requerimiento hecho a padres de familia o estudiantes, condicionando la permanencia de los educandos a cambio de una cantidad monetaria específica o indeterminada, eso es indebido”, dijo.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción IV de su artículo tercero determina la gratuidad de la educación”, recordó el legislador federal.
La acción de requerir el pago por sí misma, reconoció Torres Mercado, no es demérito, pues las escuelas en más de un caso tienen la necesidad de obra pública y adquisición de elementos didácticos, entre otras.
Sin embargo, advirtió, condicionar la permanencia o el acceso a las escuelas es un acto impropio pues de ese modo se niega la movilidad social a las personas y la oportunidad de concientizarlos para convertirlos en mejores seres humanos.
“En esta temática, consideramos que las actuales circunstancias son derivadas de la falta de medidas coercitivas, pues al no existir una sanción ejemplar, quien está a cargo del desarrollo del aseguramiento de la escuela, como profesores o administradores de la educación, son los primeros en infringir las normas”, aseguró.
Por ello, dijo, consideramos endurecer las actuales regulaciones, refiriéndonos no a legislación de corte administrativo, sino elevar la dureza de la normatividad hasta hacer de la conducta, un tipo penal, esperando de ese modo una reflexión de parte de los actuales sujetos activos y por ende, una abstención de la nefasta conducta.
“La propuesta objeto de esta iniciativa, consiste en adicionar un artículo 215 bis al Código Penal Federal, para equiparar como delito de abuso de autoridad, a la acción de establecer el condicionamiento para el ingreso, permanencia, a los interesados, en el derecho humano a la educación pública y gratuita”.
La propuesta establece sanciones de tres días hasta tres años de prisión y multa hasta de 300 días de salario mínimo.
Se aplicarían a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado de los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.
A decir del legislador, con la colaboración de padres de familia, alumnos, autoridades y la sociedad en general, se puede evitar el cobro por la permanencia en los sistemas educativos del país. (Martha Elba Figueroa/El Diario)