El Universal
2013-02-06
Distrito Federal— Las fuerzas de autodefensa en Guerrero se comprometieron con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y el gobernador Ángel Aguirre, a despojarse de las capuchas y a revisar la entrega de 54 personas que tienen en su poder acusadas de diversos delitos.
“Hoy (ayer) mandan un mensaje de mucha voluntad los compañeros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes se han comprometido a no utilizar ya ni capuchas, ni máscaras y canalizar por la vía de los cauces legales su participación (...) también hemos iniciado los protocolos, después de que ellos tuvieron sus asambleas, para que vayan entregando a los detenidos”, explicó Aguirre a reporteros tras una reunión en la ciudad de México.
Gobernación y Aguirre pidieron a Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, “restablecer el Estado de Derecho” en sus comunidades.
El gobernador consideró que durante la reunión de casi cuatro horas alcanzaron acuerdos relevantes para lograr la armonía y desarrollo de los pueblos indígenas en Guerrero y que ya trabajan en el diseño de protocolos para la entrega de las 54 personas que fueron retenidas por las fuerzas de autodefensa.
Bruno Plácido Valerio declaró su disposición a entregar a los detenidos y dejar las tareas de seguridad en manos de la autoridad, pero a condición de que se restablezca el orden y se creen organismos de vigilancia que garanticen la paz en la región. “Vamos a valorar lo que nos expusieron (las autoridades), lo vamos a consensuar”, explicó el líder campesino.
Gobernación y Guerrero acordaron con la UPOEG instalar una mesa de diálogo permanente.
Aguirre Rivero precisó que en un plazo máximo de 15 días se anunciarán diversas acciones en materia de desarrollo rural, a fin de atender a fondo la problemática de estas comunidades.
Bruno Plácido dijo que se reunirán con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, para explicarle que no violentan la ley y que brindarán medidas cautelares a los detenidos, pero que también se proteja a quienes participaron en labores de seguridad, incluidas sus familias. Este miércoles, la CNDH reiteró que es inconstitucional el tribunal popular de las fuerzas de autodefensa.