Reforma
2012-12-30Distrito Federal— Los exámenes de control de confianza con los que se pretende depurar las Policías, prisiones y procuradurías estatales y federal son un caos, de acuerdo con especialistas.
A casi cuatro años de haber sido establecidas en la ley, las evaluaciones reportan fallas en su diseño, incumplimientos en su aplicación y dudas sobre su utilidad como instrumento para medir la confiabilidad de los servidores públicos.
Bernardo Gómez del Campo, autor del libro "En Búsqueda de un Perfil Policial Mexicano", señaló que, por ejemplo, una de las principales fallas es que se desconoce qué aptitudes, habilidades, conocimientos y capacidades deben tener los servidores públicos de acuerdo con el perfil de su puesto.
Derivado de esto, dijo, se les aplica una misma evaluación a todos.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización ciudadana que ha dado seguimiento al proceso de depuración a nivel nacional, coincidió al señalar que no ha estado bien calibrado el examen.
"Te ponían no apto cuando estabas gordo, cuando (esto) no era relevante para el perfil de tu puesto", afirmó.
"(A) otros que tenían problemas con su manejo de estrés, en lugar de calificarlos como aprobados con restricciones y enviarlos a terapia o cambiarlos de adscripción, les ponían no apto. Ahí se nos fue mucha gente que sí valía la pena".
Otro problema, añadió Morera, es la opacidad con la que operan las evaluaciones de control de confianza, en la que los examinados no tienen acceso directo a sus resultados ni pueden solicitar la revisión de sus pruebas, lo que puede generar actos de corrupción al interior de las corporaciones policiacas.
Morera, cuya organización le ha dado seguimiento al proceso de depuración policiaca a nivel nacional, argumentó que otra forma que tienen los mandos de presionar a sus elementos es amenazándolos con enviarlos a los exámenes, ya sea para obtener ventajas u hostigar a quienes no les caen bien.
"Están usando el control de confianza como verdugo de los policías, entonces muchos no quieren ir, muchos jefes amenazan a sus elementos con que los van a mandar al control de confianza como un método para extorsionarlos", dijo.
Para evitar este tipo de prácticas, sugirió, los mecanismos de aplicación y los resultados deberían de transparentarse, empezando por los de los altos mandos y funcionarios de primer nivel, cuyo aprobación o no aprobación debería de hacerse del conocimiento de la sociedad.
"Los exámenes de los mandos deberían de ser públicos. Debemos saber que pasaron el examen, para no tener el riesgo de desconocer a quienes están al frente de las corporaciones; me parece que esta es la parte más importante. Y una vez que los mandos son confiables, que los policías puedan saber su mando es confiable y su compañero también es confiable", aseguró.
Además, pese a que la evaluación entró en vigor en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública hace cuatro años, hasta el 31 de octubre pasado aún faltaba por examinar a más del 30 por ciento de un universo de 420 mil 349 servidores públicos.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), mientras que en Zacatecas y Sonora la mitad de los evaluados reprueba; en Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa uno de cada tres resulta no apto. En Campeche y Yucatán, aprueban prácticamente todos los examinados.
Gómez del Campo aseveró que estos contrastes son ilógicos. Además de la falta de los perfiles-tipo que sirvan de referentes para cada función, en los resultados influye la percepción de los aplicadores de las pruebas: en aquellas entidades con mayores problemas de violencia son más estrictos y en los estados que les parecen más seguros relajan la evaluación.
"Muchos poligrafistas estigmatizan al elemento por la zona. ¿Qué sucede? Van a levantarle el polígrafo a una persona en Tamaulipas y llegan con la idea de encontrarse con un 'zeta'.
"El poligrafista nos diría que esto no es cierto, que él no califica, que lo hace el polígrafo, que es el que va a medir las respuestas y que él sólo va a formular las preguntas; ahí está el asunto: en la forma y en el tipo de preguntas va a buscar lo que quieren encontrar", explicó.
Cada entidad federativa evalúa a su personal a través de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, que fueron desarrollados a través de un modelo elaborado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP. Todos los procedimientos están estandarizados.
Los centros estatales operan desde 2009, en fechas distintas, y sin personal especializado para aplicar las pruebas -toxicológica, psicológica, de situación patrimonial y poligráfica-, lo que provocó la formación fast track de examinadores.
Gómez del Campo indicó que la mayoría de poligrafistas son técnicos que carecen de conocimientos de las áreas policiales y de procuración de justicia, lo que limita su trabajo y genera distorsiones en sus evaluaciones.
"Un poligrafista que vaya a examinar a un policía tiene que conocer de policía, para que sus preguntas vayan direccionadas a interpretar, independientemente de la medida tecnológica que es el polígrafo, lo que dice la persona evaluada, qué piensa y por qué lo piensa", comentó.
Morera dijo que la prórroga de 10 meses que el Senado autorizó para que los estados puedan cumplir con la meta de certificar a la totalidad de su personal, debe de aprovecharse para revisar el modelo de evaluación y corregir todas las fallas que tiene.
"Lo que se tiene que hacer es una evaluación y un estudio de los exámenes de control de confianza y de la forma como están estructurados y operando los Centros de Evaluación", concluyó.