S. Otero/M. Muedano
El Universal
Distrito Federal— En dos años, de casi 4 mil arraigos que solicitó la Procuraduría General de la República (PGR) a jueces federales, sólo en poco más de 120 casos se actuó penalmente, “lo que implica que hubo más de 3 mil 800 mexicanos que fueron arraigados injustamente, a lo mejor sí a lo mejor no, tal vez la misma incapacidad de la propia procuraduría hizo que algunos culpables se fueran”, reconoció su nuevo titular, Jesús Murillo Karam.
Con esta cifra, criticó una vez más las medidas cautelares que han sido una figura jurídica cada vez más utilizada en los últimos años para que el Ministerio Público de la Federación realizara investigaciones, con lo que ejemplificó también las deficiencias que halló en la dependencia.
De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a que se realice una revisión de esta herramienta jurídica del arraigo, así como del uso de los testigos protegidos, como parte de un proceso de reestructuración que se iniciará en la procuraduría.
En entrevista radiofónica, señaló que en esta nueva etapa “hay que fortalecer los órganos de información de la PGR y los que tienen que analizar la información, para la parte preventiva y estratégica”.
También se buscará contar con “un equipo de investigadores científicos con el que puedan comprobarse los delitos en función de pruebas, y no solo en confesiones o en testigos protegidos o de testigos que pudieran no ser confiables”.
Reveló que “en términos muy generales porque tampoco hay manera de precisarlo, es que en dos años, de cuatro mil arraigos sólo ciento veintitantos fueron consignados, lo que implica que hubo más de tres mil 800 mexicanos que fueron arraigados injustamente”.
Uso creciente
Un informe de la PGR obtenido a través de una solicitud de información detalla la creciente utilización del arraigo en investigaciones contra presuntos integrantes del crimen organizado: entre diciembre de 2006 y julio de 2011, la ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) arraigó a 6 mil 313 personas, de las que 74.5% (4 mil 704) fueron consignadas y se les dictó auto de formal prisión, aunque no se revela cuántos al final fueron sentenciados.
El documento detalla que en el 2006 fueron arraigadas 42 personas; en 2007, 703; en 2008, mil 111; en 2009, mil 517; en 2010, mil 679; mientras que entre enero y julio de 2011, sumaban mil 261.
Entre los delitos por los que la PGR solicitó los arraigos están delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y terrorismo.