Blanca Elizabeth Carmona
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Los padres de la adolescente que murió en el accidente entre una rutera y el tren solicitaron a un Tribunal de Control que se investigue al concesionario y al chofer titular de la unidad para esclarecer si el servicio se ofrece de forma irregular.
“Tenemos que ver si estamos en presencia de un delito cometido por una persona jurídica, por ejemplo, la Unión de Permisionarios, que tiene la obligación de tener controles suficientes y adecuados”, pidió el abogado Abel Cuela Bravo, quien representa a los padres de Jennifer Arely Torres González, fallecida a los 15 años.
Añadió: “Es la investigación la que va a determinar si ellos están comprometidos o no, es lo legal, le solicito que así se ordene al Ministerio Público (MP)”.
Exigen investigar al chofer autorizado
La petición fue planteada en la audiencia en la que se vinculó a proceso penal al chofer de la rutera, Guadalupe Christopher Álvarez Díaz, como presunto responsable de los delitos de homicidio, lesiones y daños ocasionados de forma imprudencial pero agravados, ya que huyó del lugar sin prestar auxilio a las víctimas.
El litigante también pidió que el MP recabe las listas de asistencia, la lista de nómina y las declaraciones relativas a los controladores de horarios de los autobuses y de los kilómetros recorridos para determinar el grado de control o de negligencia que mantiene la Unión de Permisionarios en el servicio que presta.
Además se requirió que ordene al MP investigar al chofer autorizado de la unidad que chocó contra el tren, Jonathan Cueto, al considerar que él también tiene responsabilidad puesto que la persona procesada era su chalán y sin embargo manejaba la unidad.
El juez de Control Jorge Omar Derat Acosta no dio ninguna orden a la representación social, sólo dijo: “El MP va a hacer una investigación, no es limitativa su investigación”.
El accidente sucedió el pasado 29 de octubre entre las 13:30 y las 14:30 horas cuando Álvarez Díaz presuntamente conducía un camión marca International modelo 2004 perteneciente a la línea Juárez Bus Oasis, sobre la calle Santos Dumont con dirección al oriente.
Metros después de cruzar la calle Coronel Leonel Bernal, al llegar a la vía férrea, omitió un señalamiento de alto y rebasó la zona de seguridad. Con ello cortó la preferencia de paso de la máquina número 4571 propiedad de Ferrocarriles Mexicanos conducida por Ismael Camarillo López y provocó el impactó del tren contra el camión. La locomotora tenía vía libre y transitaba en un sentido de sur a norte.
La víctima mortal, de 15 años, cursaba el primer semestre de preparatoria y abordó el camión enfrente de la escuela, en la calle Ponciano Arriaga, para regresar a su casa.
Los familiares de Jennifer se manifestaron ayer en el exterior de la “Ciudad Judicial” para exigir que se proceda penalmente contra el chofer y el chalán que lo acompañaba.
El padre de la víctima, Édgar Iván Torres Hernández, dijo que están pidiendo que se proceda penalmente contra Guadalupe Christopher pero también en contra de Jonathan, el chofer autorizado por la empresa propiedad del camión.
“Sacaron al primer responsable, el que llevaba el camión, le dieron libertad sin comunicarnos, sin llevarlo ante un juez y ahorita tenemos al segundo chofer a quien le prestaron el camión, él es el ayudante, es el que está detenido”, reclamó.
En la audiencia el juez Derat Acosta dictó auto de vinculación a proceso en contra de Álvarez al considerar que los datos de prueba son suficientes para presumir que él cometió los delitos de homicidio en perjuicio de Jennifer, lesiones en contra de ocho pasajeros y daños al concesionario o dueño del camión, Silvestre Saucedo Morales.
Las víctimas de lesiones son Irma Briones Urquiza, Inocente Ríos Torres, Victoria Judith Soto Ávalos, Guadalupe Delgado Ruiz, Marisol Vázquez Rentería, José Enrique Animas Rentería, Paola Ivonne Sánchez Cruz y Jonathan Cueto Herrera. El resto de los pasajeros lesionados no ha interpuesto la denuncia.
El resolutor aprobó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, como lo pidió el agente del MP al señalar que aún están a la espera de que otras víctimas presenten la querella. La ley señala que tiene un plazo máximo de un año.
La defensa legal de Álvarez Díaz no presentó ninguna prueba de descargo.
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