Pavel Juárez
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— En lo que va del año 28 menores de 17 años de edad murieron en medio de actos violentos en la ciudad, según muestran estadísticas dadas por la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte. De estos, 20 casos han sido hombres y ocho mujeres.
Las cifras de muertes de menores de edad en hechos violentos ha crecido en la ciudad desde el 2015.
Según datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) durante el 2015 fueron asesinados 13 menores de edad en diferentes hechos violentos, en el 2016 la cifra subió a 21 decesos, mientras que el 2017 fue el año más violento para los niños de Juárez con 42 muertes. A dos meses de que termine el año van 28 casos.
El mes que más casos presentó fue agosto, cuando se reportaron siete menores de edad muertos por heridas derivadas de ataques armados o que sus cuerpos sin vida fueron encontrados después de buscarlos por días.
Según Lourdes Almada Mireles, especialista en estudios sobre la niñez, el incremento en las cifras de niños muertos en hechos violentos son el resultado de la falta de garantía de condiciones de seguridad por parte de la autoridad y la falta de un papel más educador por parte de las familias.
“Responsabilizar a las familias en la posición más cómoda, pero tenemos que plantearnos qué es lo que le está faltando a la autoridad”, dijo.
La especialista consideró que el estado de la actual sociedad en Juárez es el resultado de “la falta de factores sociales básicos, tampoco hemos sido responsables de mejorar la cobertura educativa ni la calidad de vida de las familias”.
“Es cierto que la autoridad debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad pero también creo que hay un contexto en que como sociedad hemos dejado de responsabilizarnos de los vínculos comunitarios”, consideró.
Para la especialista la normalización de la violencia en la ciudad y la falta de atención a la afectación de la salud mental de los pequeños son factores que no han sido abordados con seriedad por parte de la autoridad ni el sector académico.
Almada Mireles consideró que una parte fundamental para que la ciudad alcanzara cifras tan altas en el país en este tipo de casos fue que en la ciudad “sólo se ofrece empleo y nada más. No se garantizan los medios de desarrollo social. De repente tanto Gobierno, sociedad y escuela dejaron a la familia con todo el peso de la educación del menor y ahora esas células se ven rebasadas”.
Lamentó que el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) que se encarga de dar una atención más completa de la niñez en la ciudad opere prácticamente sin recursos, “qué estamos haciendo de manera diferente para que sucedan cosas diferentes, nada”, sentenció.