Martín Orquiz
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— Las consecuencias del abandono gubernamental y social hacia niños y adolescentes aquí son devastadoras para la comunidad: deserción escolar, violencia, embarazos a temprana edad y criminalidad afectan a una parte importante de ese sector poblacional, indican personas que trabajan con menores de edad en condiciones adversas.
“Tenemos consecuencias sociales muy graves dado el olvido histórico y actual de la infancia y la adolescencia, donde hay miles que han crecido en medio del abandono, la pobreza, la violencia y expuestos a una gran cantidad de riesgos”, menciona Teresa Almada Mireles, directora del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, Asociación Civil (CASA).
Calcula, con base en su experiencia, que al menos el 40 por ciento de la población menor de 19 años enfrenta tales adversidades, aunque en diferente grado.
El conteo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el 2015 establece que en Ciudad Juárez habitaban 536 mil 884 personas de cero a 19 años.
La estimación de Almada Mireles alcanzaría a 214 mil 753 habitantes como quienes enfrentan situaciones difíciles.
El problema, comenta José Luis Flores Cervantes, coordinador ejecutivo del Sistema estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), es que el tema está ausente en la agenda social para la ciudad, pero las dificultades que genera reclaman atención cuando son evidentes en la vida cotidiana.
“Darle la vuelta a la tortilla”, dice, es complicado si no se parte del reconocimiento de que la política social para atender a este grupo poblacional tiene un atraso de más de 40 años en la ciudad.
Esa realidad es descrita en el diagnóstico que contiene el anexo del Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el pasado 16 de junio.
En el documento se establece que aquí no se garantizan las condiciones de igualdad que aseguren que los ámbitos y espacios de los menores de edad –como la familia, escuela y comunidad– satisfagan su bienestar integral y aseguren entornos protectores que posibiliten el desarrollo de su máximo potencial.
Bajo estas circunstancias, menciona Almada Mireles, se generan consecuencias como adolescentes que desertan de la escuela, situaciones de violencia contra ellos, que crezcan solos y que tengan dificultades para socializar y enfrentar al mundo.
Incluso algunos comienzan a participar en actividades delictivas, en acciones de narcomenudeo u otros ilícitos.
“Más que todo tenemos una pérdida de capacidades, muchos no tienen estructuras de vida, todo el tiempo han crecido solos y se desarrollan consecuencias sicosociales. Tenemos por ejemplo que muchas mujeres desde temprana edad abandonan la escuela para cuidar a los hermanitos, no han tenido los ambientes adecuados, sufren de mucha pobreza, de falta de afectos y todo esto genera las condiciones favorables para los embarazos a temprana edad”, explica.
En la actualidad no se cuenta con espacios para adolescentes en los que se generen mejores condiciones en esta etapa tan importante donde muchos de ellos están creciendo y van definiendo su identidad.
Generalmente, añade, los ambientes de las comunidades no son los más adecuados y no hay programas que los ayuden. Los que existen son pocos y de bajo alcance, generados por personas de organizaciones de la sociedad civil, pero en general son temas ausentes de la política pública.
“Creo que el 40 por ciento (de las personas de 19 años y menos) enfrenta esta situación, hay de condiciones a condiciones, unas más extremas, otras menos, pero en general Juárez tiene una mancha gigantesca de pobreza que sigue creciendo y donde cada vez vemos condiciones más precarias”, comenta.
Actualmente CASA administra cinco centros, cuatro ubicados en el poniente de la ciudad y uno en el suroriente.
Almada Mireles informa que ahí se atienden de manera constante a alrededor de 2 mil personas, algunas que acuden a diario y otras sólo algunos días. También trabajan con esa población en espacios públicos o directamente en la calle.
El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Chihuahua hace la observación de que hay una ausencia de redes, instancias o espacios de apoyo y protección suficientes y accesibles para menores víctimas de distintas formas de violencia.
En el texto se diagnostica que existe una débil corresponsabilidad de la sociedad para asegurar redes de protección y cuidado especial para esa población, así como escasa disponibilidad de intervenciones de prevención que pongan énfasis en el fortalecimiento de vínculos afectivos de los menores en el espacio escolar y comunitario.
Revela además deficiencias en el funcionamiento de mecanismos de detección y atención oportuna de factores de riesgo de violencia en la familia nuclear o extendida, la escuela y la comunidad.
Flores Cervantes advierte que cerrar esa brecha de carencias es complicado, por lo que cualquier esfuerzo en ese tema debe convertirse en una política permanente y en constante progresividad.
“Todo lo que venga para los infantes debe tener esa característica como programa, como acción, como política pública, como iniciativa; siempre tiene que ser con un espíritu de progresividad porque si no estaríamos dándolo y luego quitando, eso es muy doloroso”, comenta.
Lo que se promueve desde Sipinna es que el tema quede dentro de la discusión gubernamental y de la elaboración de los nuevos planes municipales para que se establezca todo lo que se debe atender prioritariamente por el Gobierno municipal con la coadyuvancia del Estado.
“Lo ideal es colocar una agenda social desde el principio de la progresividad y que no sean programas trianuales ni sexenales, sino que sean de mayor alcance. La academia, la sociedad civil y, en menor medida, los partidos políticos con quienes han colocado este tema, es un camino que debe de seguirse y fortalecerse”, concluye.