Miguel Silva
El Diario
Chihuahua— La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación sobre la supuesta tortura que elementos de la Policía municipal de Juárez aplicaron sobre un detenido, actos que fueron videograbados y así filtrados en redes sociales, en el que se aprecia que los agentes colocan una bolsa de plástico en la cabeza del detenido para obligarlo a hablar.
José Luis Armendáriz, presidente del organismo, dijo que es una violación grave y además se trata de agentes preventivos que se toman atribuciones de investigadores, función que no les corresponde, pues sus acciones son de prevención.
En el video que circuló en medios de comunicación se aprecia a por lo menos cuatro elementos de la Policía municipal; uno de ellos, presuntamente el jefe policiaco, coloca la bolsa de plástico sobre el detenido, quien supuestamente es un sicario que participó en los ataques en contra de policías ministeriales ocurrido el pasado martes en Ciudad Juárez.
Dijo que es una situación grave, pues la tortura es un acto de corrupción y en ese sentido el Gobierno del Estado lleva a cabo una intensa campaña de combate a ese fenómeno que desde luego se replica en cada uno de los 67 municipios.
Ante esto, el ómbudsman refirió que desafortunadamente estas prácticas no se han podido erradicar, a pesar de que las corporaciones policiales han informado que la tortura ya no se utiliza como un método para obtener información que pudiera permitir el esclarecimiento de un acto criminal.
Comentó que las autoridades han sido omisas y no han atendido las recomendaciones para terminar con ese tipo de actos que van en contra de los Derechos Humanos, sin importar que el detenido sea un presunto delincuente.
En este sentido, José Luis Armendáriz expresó que las corporaciones policiales deben ser respetuosas de las garantías individuales de los detenidos y no se justifica de ninguna manera recurrir a ese tipo de prácticas, más aún cuando son policías preventivos quienes debieron poner a disposición de las autoridades ministeriales al presunto delincuente.
Agregó que no basta con dar de baja a los elementos que participaron en dichos actos, sino que es necesario que las corporaciones asuman la responsabilidad y garantizar que estas prácticas sean erradicadas para poder acceder a una justicia efectiva.